La Contraloría General evidenció que la propuesta y aprobación de la exoneración parcial de deuda por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito impidió el cobro del importe total, lo que generó un perjuicio económico de S/195,408 y afectó el normal funcionamiento de la administración pública.
El Informe de Control Específico N° 059-2023-2-0463, que aborda la recaudación de recursos provenientes del pago de multas por infracciones de tránsito, revela que funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Puno presentaron, tramitaron y sustentaron una propuesta de ordenanza municipal que otorga exoneraciones parciales de deuda por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito.
Posteriormente, el Concejo Municipal por mayoría aprobó para que luego se promulgue la Ordenanza Municipal N°033-2019-MPP, con vigencia desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el 22 de abril de 2020. En ese período servidores de la entidad emitieron 514 comprobantes de pago de multas con descuentos del 50%, 70% y 80% para infracciones clasificadas como leves, graves y muy graves. A pesar de ello, la recaudación alcanzó solo la suma de S/111 512 cuando, según la normativa aplicable, debería haber ascendido a S/306 920.
Los hechos expuestos involucran a la Subgerente de Registro de Transporte, a la Técnico de Transporte, al Asesor Legal de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial, al Gerente de Asesoría Jurídica y a los integrantes del Concejo Municipal.
En total, se identificaron 15 funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad civil y administrativa, incluyendo miembros del concejo municipal, quienes se encuentran entre los presuntos responsables de las irregularidades detectadas.