El dirigente de la Confederación Nacional de Unificados de Lucha (CNUL), Lucio Callo Callata, manifestó un rechazo rotundo a la oficialización de los resultados electorales, calificando un eventual gobierno de Keiko Fujimori como «ilegítimo, inconstitucional y de facto»; donde hizo un llamado urgente a la población de las 13 provincias de Puno a organizarse y prepararse para nuevas jornadas de lucha para evitar que se instaure lo que denominó una «dictadura sanguinaria y criminal».
Callo Callata repudió enérgicamente las propuestas de asesores fujimoristas que sugieren intervenir militarmente la región Puno para tomar el control. Describió estas ideas como un pensamiento «criminal y delictivo» que busca imponerse «a sangre y fuego», tal como (según su visión) ocurrió durante los diez años de gobierno de Alberto Fujimori y en los últimos tres años desde el Congreso. Para el dirigente, el fujimorismo es un partido «hecho para la corrupción o para asesinar al pueblo».
El dirigente sostuvo que el triunfo de Fuerza Popular es producto de un «fraude electoral» que se habría venido gestando desde diciembre de 2022. Entre las irregularidades señaladas, destacó:
- Cambio de reglas en el exterior: Denunció que en plena segunda vuelta se modificaron las normas para no digitalizar ni escanear las actas provenientes del extranjero, rompiendo la cadena de custodia.
- Injerencia de EE. UU.: Acusó al «imperialismo norteamericano» y específicamente al embajador Berne Navarro de «meter sus narices» en el proceso para asegurar un gobierno de ultraderecha que sirva a sus intereses de hegemonía en Latinoamérica.
- Captura institucional: Afirmó que instituciones como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han sido capturadas para avalar este proceso, mencionando incluso presiones para la renuncia del anterior jefe de la ONPE.
Callo Callata confirmó que él y otros dirigentes, como César Hugo Tito Rojas, están siendo víctimas de una «cacería de brujas» y persecución política a través de denuncias de la Procuraduría Pública por presunta perturbación de la tranquilidad pública. Calificó estas acciones como un intento de criminalizar la protesta y «callar a la población».
A pesar de las amenazas legales, el dirigente aseguró que no tiene miedo a ser encarcelado. «A nosotros no nos amilanan… nuestra lucha siempre se ha enmarcado dentro del contexto constitucional», sentenció, reafirmando que continuará movilizando a las bases para defender el voto popular y la soberanía nacional frente a lo que considera un gobierno de ocupación.
(E.C)