Una grave alerta ha sido lanzada en la región Puno: un grupo de mineros ilegales estaría a punto de lograr la creación de una supuesta comunidad campesina en las riberas del río Patambuco, en la provincia de Sandia. Esta estrategia legal les permitiría operar libremente en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene, un área natural protegida donde ya se han registrado enfrentamientos violentos por el control del oro.
La denuncia fue hecha por Cansiano Lucana, presidente de la Comunidad Campesina de Tambopata, quien acusó a la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario (GRDA) del Gobierno Regional de Puno de estar a punto de dar luz verde a la inscripción de la denominada «Comunidad Campesina Ribereña Valle Melgar Pacchani».
Lucana señaló directamente al gerente regional de la GRDA, Renato Talavera Salas, de presunta complicidad con los mineros ilegales. Agrega que, el pasado 22 de mayo, una comisión de su comunidad y directiva fue impedida de ingresar a la zona para una inspección, supuestamente por órdenes de la propia GRDA.
Detrás de este intento de legalización estaría Abad Huarecallo Choquehuanca, un minero informal con antecedentes penales, contra quien el fiscal ambiental Federico Chávarry ya formalizó una denuncia por delitos ambientales en el sector de Pacchani.
Se ha informado que otros «supuestos comuneros» involucrados también se dedican a la minería ilegal. La situación es sumamente crítica, pues la creación de esta «comunidad» permitiría a los mineros ampararse en una figura legal para explotar oro sin restricciones en una zona ecológicamente frágil y de vital importancia para la conservación. Hasta el momento, las autoridades locales y nacionales no han emitido una posición pública oficial frente a esta grave amenaza.
(E.C)