El Contralor General, Nelson Shack, propuso que las autoridades y funcionarios que no ejecuten el presupuesto destinado a atender emergencias y la gestión de riesgos de desastres, así como a la prevención de enfermedades endémicas como el dengue, sean inhabilitados para ejercer la función pública a futuro.
Ante la sesión de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres Covid-19 del Congreso, Shack Yalta planteó elaborar un proyecto de ley conjunto con el Legislativo para establecer en forma objetiva un porcentaje mínimo del presupuesto que las autoridades y funcionarios, a nivel de gobierno central y regional, ejecuten en forma obligatoria.
“Que las autoridades sean sancionadas por no prevenir, por no ejecutar el presupuesto cuando deben hacerlo, implica establecer un mínimo de gasto. El no gastar debería ser una responsabilidad objetiva de las autoridades administrativas y, por tanto, con esa infracción (que se establecería mediante el proyecto de ley) la Contraloría General podría inhabilitarlos para el ejercicio de la función pública”, explicó.
En ese sentido, el contralor general calificó como “inaceptable” el nivel de gasto ejecutado por los gobiernos regionales para prevenir y combatir el dengue.
Explicó que de los S/ 283 millones asignados solo se ha comprometido el gasto del 65% en el primer semestre, lo que significa que la tercera parte de este presupuesto podría no ser utilizado porque no hay órdenes de compra ni contratos suscritos, pese a que nos encontramos en una situación de emergencia por el dengue.
El Contralor General indicó que a la fecha se han elaborado 18 informes de control ejecutados en las zonas más afectadas por el dengue como Piura, Tumbes, Lambayeque y Lima, donde se alertó, entre otros, la falta de presupuesto, infraestructura, equipamiento e insumos de laboratorios (reactivos) para realizar las pruebas rápidas para diagnosticar y detectar casos positivos de pacientes con dengue en los centros de salud y establecimientos del primer nivel de atención.
Además, se alertó sobre el desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento contra el dengue y limitados o insuficientes profesionales médicos y especialistas para atender a los pacientes. En Lima también se observó el substock de insumos de laboratorio para realizar pruebas rápidas de detección de dengue y falta de distribución oportuna de mosquiteros.
Shack enfatizó que “nadie debería morir por dengue con una atención médica oportuna, sin embargo, más de 200 compatriotas han fallecido por la incapacidad del Estado para responder a esta emergencia”, destacó.
En esa línea, expresó su preocupación por el efecto destructor que podría tener en nuestro país el Fenómeno del Niño Costero y el Fenómeno del Niño Global, debido a que “pueden generar una destrucción muy grande y, obviamente, va a colapsar todo el sistema de agua potable y desagüe, así como los sistemas de drenaje pluvial y, por tanto, la inundación será una consecuencia natural, al igual que el brote de enfermedades como el dengue y otros”, alertó.
De otro lado, el contralor general informó que como resultado de las acciones de control posterior durante la pandemia por el Covid-19 se detectaron S/ 557.8 millones de transacciones irregulares y se identificó presunta responsabilidad a 1647 funcionarios y servidores públicos, durante el periodo 2020-2022.
Mientras que, en el presente año, se ha observado irregularidades en el manejo de S/ 39.8 millones y se identificaron presuntas responsabilidades a 142 funcionarios. Agregó que en el segundo semestre se realizarán servicios de control posterior para identificar posibles responsabilidades en el vencimiento de vacunas contra el Covid-19.(Andina)