El Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román ha obtenido una importante resolución en el caso del presunto robo agravado en agravio de Dioselina Chipile. Tras la audiencia correspondiente, se dictó nueve meses de prisión preventiva contra ocho implicados, siete de ellos agentes de la Policía Nacional del Perú y un civil.
Los efectivos policiales que deberán cumplir la medida de prisión preventiva son Michael Ventura, Luis Antonio Chucós, Arnold Diego Quispe, Jaider Lee Tacca, Víctor José Liñán, Jhon Yerson Mancilla e Israel Díaz del Olmo.
El octavo implicado es el civil Edinson Avendaño, señalado como propietario del vehículo presuntamente utilizado en el ilícito. Actualmente, Avendaño se encuentra no habido, por lo que las autoridades competentes han dispuesto su ubicación y captura inmediata.
Durante la audiencia, el fiscal provincial Rafael Machaca Mamani presentó contundentes elementos de convicción que sustentaron el pedido de prisión preventiva. Entre las pruebas presentadas se encuentran los resultados de las pruebas de absorción atómica, pericias antropométricas, la visualización del equipo celular de los investigados y los cuadernos del registro de servicio de los agentes policiales.
La relevancia del caso motivó la participación en la audiencia del fiscal provincial Basilio Auma Pari y de la fiscal adjunta provincial Silvia Álvarez Mita, quienes brindaron su apoyo al fiscal responsable de la investigación.
Como parte de las diligencias para el esclarecimiento total de los hechos, el Ministerio Público informó que se procederá a recabar las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona donde ocurrió el robo. El objetivo es verificar el tránsito del vehículo en el que se desplazaron los imputados y obtener mayores detalles sobre la comisión del delito. Esta medida de prisión preventiva representa un avance significativo en la investigación del presunto robo agravado y busca garantizar la presencia de los imputados durante el proceso judicial, así como evitar la obstaculización de las investigaciones. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer por completo los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados.
