El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Joe Erick Torres Lovón, quien es investigado por presuntamente haber disparado perdigones contra Rosalino Flores Valverde durante las protestas antigubernamentales que se llevaron a cabo en la ciudad del Cusco en enero del año pasado. El joven de 22 años falleció producto del impacto de estos proyectiles.
El juez Leodan Cristóbal, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema Nacional, declaró fundado el requerimiento del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip), quien abrió investigación preparatoria contra el miembro de la Subunidad de Acciones Tácticas (Suat) de la Policía Nacional.
A Joe Erick Torres Lovón se le acusa de ser el presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, bajo la modalidad de homicidio calificado por alevosía, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, en agravio del estudiante cusqueño de gastronomía.
El efectivo policial no se presentó a la audiencia, por lo que se ordenó su ubicación y captura a nivel nacional.
El caso
Rosalino Flores, un estudiante de Gastronomía, resultó herido con más de 30 impactos de proyectil durante un enfrentamiento entre manifestantes con policías en la avenida 28 de Julio, en Cusco, el 11 de enero de 2023. El joven fue trasladado al Hospital Antonio Lorena donde confirmaron que su cuerpo registraba lesiones por perdigón. Debido a la gravedad de su situación fue evacuado a Lima donde estuvo internado desde enero hasta el último 21 de marzo, día de su fallecimiento.
Un día después de la muerte de Rosalino, vecinos de Cusco realizaron un plantón y vigilia en honor de la víctima frente a la sede del Poder Judicial en la región. Los padres del joven exigieron justicia por su muerte y también pidieron conocer la identidad del presunto policía autor de los disparos que acabaron con la vida del estudiante.
Cabe señalar que este sería el primer caso de una medida cautelar contra los presuntos autores de las más de 50 muertes durante las protestas desatadas en diciembre de 2022 tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y la sucesión en el mando de Dina Boluarte.(RPP)