El procurador público del Gobierno Regional de Puno, Iván Santalla Prieto, explicó que el oficio enviado a la Municipalidad de Puno para la demolición de los muros de la institución educativa Politécnico Huáscar fue para salvaguardar los intereses y la seguridad de la institución. Santalla precisó que, si bien no solicitó directamente la demolición de los muros, consideró que correspondía una sanción, como una multa o la propia demolición, debido a que los muros fueron construidos de manera ilegal en el jirón Antonio Machado, y no en el jirón Rómulo Díaz Landera.
En relación con los muros metálicos que separan la institución de la cancha, Santalla comentó que se solicitó a la Ugel una respuesta e informe sobre la razón de la construcción de estos muros, ya que también representan un riesgo para la seguridad del centro educativo. A la fecha, los responsables aún no han recibido una respuesta sobre este asunto.
En cuanto a la situación legal actual, Santalla informó que, tras la demolición de los muros, la cuestión está en un proceso de nulidad de cosa juzgada, a cargo de la procuraduría de la Municipalidad de Puno. El proceso continúa mientras se resuelven las implicaciones legales y se espera una solución definitiva para garantizar la seguridad y el uso adecuado de los espacios de la institución. (R.A.)