Luego de 11 meses del fatídico día en donde 2 pobladores perdieron la vida en Macusani (Carabaya) debido a disparos realizados por efectivos de la policía desde su comisaría, el equipo especial de fiscales para víctimas en las protestas sociales los ha identificado y dispuso un proceso acusatorio en contra de los efectivos responsables por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
El 18 de enero del 2023 falleció la joven madre Sonia Aguilar Quispe (35) y Salomón Valenzuela Chua (30), en Macusani; Aguilar Quispe murió en el acto mientras que Valenzuela Chua falleció al día siguiente tras una larga agonía, producto de proyectiles de fusil AKM. Según indagación posterior, ambos no perpetraban actos vandálicos, estaban en inmediaciones del cementerio antiguo de Macusani y la loma del cerro contiguo a la comisaría, justo donde los policías apuntaban sus armas de fuego.
El lugar de su muerte fue el barrio Jorge Chávez, zona conocida como Patapampa a más de 150 metros de distancia.
En una publicación del 19 de abril del 2023, se reveló fotografías en donde se observa que tres policías trepan a un lado del techo de la comisaría, uno se acomoda para afinar su puntería con su fusil AKM y otro con su pistola Pietro Beretta, un tercero se asoma con su lanzagranadas.
A este elemento de convicción que fue tomado como una prueba fehaciente por la Fiscalía, se suma la existencia del video divulgado el mismo día, grabado desde una ventana posterior del puesto policial en donde un policía filma a sus colegas.
Pese al clamor constante de las víctimas y considerables retrocesos en las investigaciones emprendidas por el Ministerio Público, el 18 de diciembre, mediante la carpeta fiscal N°52716400-2023-27-0, el Equipo Especial de Fiscales Para Casos con Víctimas Durante las Protestas Sociales (Eficavip), decidió investigar a los policías y presuntos responsables de estas nefastas muertes. A uno en el caso de Sonia Aguilar Quispe y seis por la muerte de Valenzuela Chua.
Entre los sindicados se considera al general PNP David Pablo Villanueva Yana, exjefe de la X Macrepol Puno, quien se encontraba a cargo del control interno en la región altiplánica. Asimismo, se identificó a los encargados de la comisaría de Macusani y a los responsables directos, entre ellos los policías que habrían realizado los disparos mortales.
El proceso judicial sobre las muertes suscitadas en otras regiones se encuentra adelantado. El 19 de diciembre se inició la audiencia de prisión preventiva en contra del suboficial PNP Joe Erik Torres Lovón, por la muerte de un ciudadano en la región Cusco.
La Fiscalía realizó el pedido de prisión preventiva por 18 meses. Argumentando el mismo delito por el cual se acusa a los efectivos sindicados como responsables de las muertes en Macusani, homicidio calificado con alevosía. La audiencia judicial se reiniciará al promediar las 14:00 horas del día de mañana, 29 de diciembre.
El abogado de las víctimas, César Quispe Calsin, informó que en total se vienen llevando procesos fiscales por 29 muertes suscitadas en las protestas sociales. De estas 18 se dieron en Juliaca (9 de enero), 2 en Macusani (18 de enero), y 1 en Ilave suscitado el 21 de enero del presente.
A esto se suma la muerte del policía José Luis Soncco Quispe el 9 de enero (se responsabiliza a sus compañeros), la muerte de un ciudadano huancaneño en Lima el 14 de marzo. Y la muerte de los 6 soldados que intentaron cruzar el río Ilave.
En el caso de Macusani, el letrado considera que hay elementos probatorios suficientes para que se logre responsabilizar a los investigados en cuestión, pese a que se habría tratado de dilatar el proceso desde la Fiscalía de la Nación.
“Hemos desarrollado carpetas fiscales de manera específica, por provincias, de quienes fueron victimados, asesinados extrajudicialmente de acuerdo al derecho internacional (…) En el mes de agosto o setiembre ya hubiéramos estado con una prisión preventiva pero Patricia Benavides fue la autora de que haya dilación y retraso, cambió a varios fiscales, en Macusani estamos con un cuarto fiscal”, expresó, al tiempo de exhortar a la celeridad del caso. (Sin Fronteras)
