El coordinador regional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) en Puno, Wilfredo Chino Mamani, advirtió que aún existen importantes brechas por cerrar en la atención y registro de la población con discapacidad en la región. Según indicó, actualmente más de 2 mil personas reciben atención directa, aunque el universo total es considerablemente mayor.
De acuerdo con datos del censo nacional de 2017, en la región Puno existen 160 mil 82 personas con discapacidad, siendo la provincia de San Román —con Juliaca como principal núcleo urbano— la que concentra el mayor número de casos. No obstante, el funcionario precisó que solo alrededor de 22 mil personas se encuentran inscritas en el registro del CONADIS, lo que evidencia una significativa población aún no formalizada dentro del sistema.
Chino Mamani explicó que la discapacidad en la región es mayoritariamente adquirida, siendo los accidentes de tránsito una de las principales causas. Sin embargo, evitó proporcionar cifras específicas sobre la cantidad de casos generados por estos eventos, debido a la variabilidad y frecuencia con la que ocurren. También señaló que existen distintos tipos de discapacidad, entre ellas física, visual y auditiva.
En cuanto al trabajo institucional, el representante del CONADIS destacó que se vienen desarrollando acciones articuladas con el Gobierno Regional a través de la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad (OREDIS), así como con las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) y diversos programas sociales como Contigo, País, Aurora y Warmi Ñan.
Asimismo, informó sobre algunos beneficios dirigidos a esta población, como la gratuidad en trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI) ante el RENIEC, ajustes razonables en el ámbito laboral y educativo, así como bonificaciones del 15 % en concursos públicos. En el sector educación, se contempla la reserva del 5 % de vacantes en universidades e institutos superiores para personas con discapacidad.
Finalmente, el funcionario reconoció avances en el cumplimiento de estas disposiciones, especialmente en instituciones educativas, aunque reiteró que aún persisten retos importantes, principalmente en el registro de personas con discapacidad y en la difusión de los beneficios existentes para garantizar una inclusión efectiva en la región.