Tras el anuncio de la ONPE al 100% de actas contabilizadas que sitúan a Keiko Fujimori como presidenta electa, diversas voces en la región Puno han manifestado su desconfianza y preocupación por el futuro democrático del país. En una reciente entrevista a través de La Decana Radio Juliaca, el exdirigente Cloaldo Ortega y la abogada Diana Pasaca analizaron el panorama político, coincidiendo en la ilegitimidad del proceso, aunque con matices sobre las medidas de resistencia a tomar.
Para el exdirigente Cloaldo Ortega, los resultados electorales son fruto de un proceso «ilegal e ilegítimo» que habría sido orquestado mediante la captura de instituciones clave como el JNE, ONPE, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación. Ortega sostuvo que estas entidades han sido puestas al servicio de un «grupo de poder económico» para garantizar un fraude que ya se visualizaba desde la primera vuelta.
El exdirigente advirtió que un gobierno de Fujimori gobernará únicamente para las élites y transnacionales, descuidando los recursos naturales y la calidad de vida de la población. Ante este escenario, Ortega planteó una propuesta radical: la «libre determinación de los pueblos» y la posibilidad de separarse de la capital. «Lo mejor sería que nosotros nos separemos de la capital de la República y hagamos otro país independiente donde nosotros podamos determinar democráticamente el cuidado de los recursos naturales», aseveró, rechazando que esta postura constituya traición a la patria. Según su visión, la verdadera traición es «regalar los recursos naturales» y asesinar a ciudadanos que protestan.
Por su parte, la abogada Diana Pasaca expresó una «preocupación legítima» sobre una posible concentración de poderes y el inicio de una etapa de persecución política. Como ejemplo de este riesgo, mencionó la suspensión del juez Richard Concepción Carhuancho, calificándola como un mensaje intimidatorio para los detractores del fujimorismo.
Pasaca también cuestionó las «provocaciones» de asesores cercanos a Fuerza Popular que sugieren la militarización de Puno, señalando que estos mensajes solo buscan azuzar el ánimo de la población. Respecto a la postura de diversos gremios de «desconocer» a la nueva presidenta, la jurista consideró que se trata de «gestos simbólicos» que, aunque reflejan el malestar social, no impedirán legalmente la asunción del mando.
Consultada sobre la propuesta de separación planteada por Ortega, Pasaca se mostró escéptica desde la óptica legal. Aunque reconoció que históricamente el Perú ha tenido divisiones territoriales, consideró que en el escenario actual es «un poco difícil de realizar» debido a la composición de las fuerzas políticas en el Congreso.
Finalmente, la abogada advirtió que el próximo gobierno parece inclinarse hacia un modelo de impunidad, similar al de la gestión de Dina Boluarte, especialmente tras el respaldo a leyes como la denominada «Ley Rospigliosi», lo que augura un panorama complicado para el respeto de los derechos humanos en los próximos cinco años.
(E.C)