La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno demandó al Gobierno Regional que cree e implemente la Oficina de Integridad Institucional debido a que en sesión de la Comisión Regional Anticorrupción se eligió a su nuevo presidente para el periodo 2022, quien es el juez de la Corte Superior de Justicia de Puno, pero no se pudo elegir al secretario técnico.
Según lo dispuesto en el reciente Decreto Supremo N.° 169-2021-PCM, que modifica el reglamento de las comisiones regionales anticorrupción, la Secretaría Técnica debe recaer en la funcionaria o el funcionario encargado de la Oficina de Integridad del Gobierno Regional.
La Oficina de Integridad es fundamental porque posibilita la recepción de denuncias de corrupción, apoya en la identificación y gestión de riesgos de corrupción en la entidad, diseña estrategias para la protección a denunciantes, implementa el desarrollo de actividades de capacitación al personal en materias vinculadas con la integridad y la lucha anticorrupción; en gran parte, esta oficina contribuye en prevenir actos de corrupción en entidades de la administración pública.
El designar al secretario técnico, permitirá a la CRA dar continuidad con los siguientes pasos de implementación del trabajo en este espacio, tal como nuestra institución lo ha señalado en el Informe Especial n.° 019-2021-DP Análisis y perspectivas del nuevo marco regulatorio de las comisiones regionales anticorrupción.
“Tras nuestra solicitud al Gobierno Regional para que se cree e implemente la Oficina de Integridad, la entidad se comprometió a iniciar las acciones correspondientes para su implementación, dejando constancia en acta”, sostuvo el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona.
La oficina de la Defensoría del Pueblo de Puno reitera su compromiso por la integridad, y lucha contra la corrupción en la región.