Hace unas semanas, tras una acción de supervisión, la Oficina Defensorial de Puno advirtió que siete municipalidades distritales de la provincia de Carabaya no habían tomado acciones para crear sus Instancias de Concertación para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Esta realidad se mantenía pesar de que en los últimos años se presentaron seis casos de feminicidio y gran cantidad de denuncias por violencia en esta provincia.
Ante esta situación, el 6 de abril, la oficina de la Defensoría del Pueblo de Puno convocó a una reunión de trabajo a funcionarias/os de estas municipalidades, a fin de recomendarles implementen las referidas instancias. Acogiendo este pedido, las municipalidades distritales de Ituata y Ayapata hicieron llegar a la sede defensorial sus ordenanzas que crean las instancias correspondientes.
Es importante mencionar que, según las estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el 2021, en la región Puno, se presentaron más de 5000 casos por violencia contra las mujeres. Asimismo, solo en el primer trimestre de este año 2022, ya se registraron 1160 denuncias atendidas por los centros emergencia mujer.
Las estadísticas también revelan que, en más del 80 % de los casos reportados, las víctimas presentaron más de una denuncia contra su agresor. Por ello, se hace indispensable que las autoridades locales asuman la responsabilidad y establezcan estrategias para reducir los índices de violencia en cada una de sus jurisdicciones.
Desde la Defensoría del Pueblo, se insistirá para que las municipalidades distritales de San Gabán, Ollachea, Usicayos, Crucero y Ajoyani cumplan con la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, vigente desde noviembre del 2015. Se advierte que, en caso de incumplimiento a sus obligaciones la alcaldesa o el alcalde de los municipios podrían ser suspendidos del cargo en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 31439.