Tras la masacre que se vivió en la ciudad de Juliaca, en exteriores del aeropuerto Inca Manco Cápac, donde policías y las fuerzas armadas dispararon indiscriminadamente; el sistema de justicia en el Perú es escasa en predecir de las decisiones judiciales e inexistente sistematización de las sentencias, ya que hasta la fecha no hay responsables inmediatos ni políticos sindicados por uno de los episodios más graves en la vida republicana del Perú.
Familiares y heridos del enfrentamiento en los exteriores del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, pese al dolor, continúan protestando exigiendo justicia a las autoridades.
El abogado Cesar Quispe Calsin, defensor de los deudos de las víctimas de la represión policial en Juliaca, mostró preocupación por la decisión de la Fiscalía de llevar las investigaciones a Lima,debido que el traslado perjudica a los deudos de las víctimas y a los más de 300 heridos que tendrán que trasladarse hacia la capital para ejercer su defensa de manera adecuada.
Milagros Samillan Sanga, hermana del médico asesinado, señaló que, actualmente la justicia es escasa ya que trasladan la carpeta, de fiscal a fiscal, asimismo se estaría pretendiendo trasladar a lima todas las carpetas fiscales con el objetivo de retroceder el proceso. De igual forma el apoyo de la defensoría del pueblo es reducido hacia los familiares.
Rosa Luque Mamani madre de Eliot Cristian Arizaca Luque, quien fue asesinado por la dictadura del gobierno, alegó que, hasta el momento no hay responsables y estarían atropellando los derechos, además se situó un fiscal de crimen organizado, pese a que ninguno tenía antecedentes penales y judiciales.
Ceferino Enrique Velázquez abuelo de quien en vida fue José Danilo Gutiérrez Enríquez, señaló que, el estado quiere tergiversar las investigaciones, de igual forma, las investigaciones fiscales no se realizan como debería de ser.
Según el abogado defensor, las investigaciones se están desarrollando con dificultades, dado que, en un primer momento, se encargó la fiscalía de crimen organizado, luego se derivó a la fiscalía común; por el reclamo que realizaron, se instaló una fiscalía de derechos humanos.
Al pretender llevarse las carpetas a lima, estarían procurando retrasar la investigación, de igual forma, perjudicar el desarrollo de la investigación, a fin de ganar tiempo lo cual estaría encaminado en la búsqueda de la impunidad para los responsables, indicó el abogado de las víctimas en Juliaca.
La fiscalía de derechos humanos debe trabajar con transparencia y garantizar el acceso a la justicia y el derecho a una reparación integral a favor de las víctimas y sus familiares, esperemos que por el bien de los deudos de las víctimas de la represión policial en Juliaca y la misma población, se procesar y logre la sanción de los hechos que han afectado con especial gravedad los derechos fundamentales de los ciudadanos.
M.G.C