La sanción que el Congreso impuso a la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera, lejos de amilanarla, la ha fortalecido y ahora tiene el respaldo de la mayoría de los fiscales que valoran la independencia y autonomía frente al poder y la corrupción.
Esta es la sensación mayoritaria en el Ministerio Público, también en el Poder Judicial. Los fiscales son conscientes de que su sanción no es por faltar a sus funciones o cometer un acto arbitrario o ilegal, sino por enfrentar la corrupción política.
Con Ávalos termina la institucionalidad democrática que con sus altibajos vivió el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación desde el retorno a la democracia en diciembre del 2000.
R.G.Q