Alejandro Toledo enfrenta dos audiencias claves

Hace exactamente tres años Alejandro Toledo se convirtió en prófugo de la justicia. En febrero del 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva y emitió una orden de captura internacional en su contra, como parte del proceso por presuntos sobornos recibidos de la constructora Odebrecht en el que está inmerso. Pero el expresidente, para entonces, ya tenía varios días fuera del país.

Un mes antes había viajado a Estados Unidos, vía Panamá, para instalarse a pocos kilómetros de la ciudad en la que creció, estudió y se enamoró hace cincuenta años: San Francisco. Precisamente, en una residencia de la ciudad vecina de Menlo Park, California, en la que hoy su esposa paga US$6.500 de renta al mes, según la fiscalía estadounidense. Toledo, sin embargo, ya no puede vivir allí.

Desde el 16 de julio del 2019 –hace casi siete meses– el expresidente está preso en Estados Unidos por mandato de extradición. Primero, en la cárcel de Santa Rita, en la ciudad de Dublin, condado de Alameda, y luego en la correccional de Maguire, en Redwood City, San Mateo.

Ahora, tras las fiestas de fin de año y una serie de postergaciones ordenadas por la justicia norteamericana, Toledo deberá volver a los tribunales. Tiene dos audiencias consecutivas programadas para este miércoles 5 y jueves 6 de febrero, con jueces y por temas distintos. Ambas, confirmadas hasta el cierre de esta nota, son cruciales para su futuro.

En la primera su defensa deberá probar que la reclusión, pese al cambio de cárcel, todavía afecta su salud mental y que esto debe considerarse como una circunstancia “especial” que le permita enfrentar el proceso en libertad. En la segunda, los abogados buscarán que se obligue a la fiscalía a entregar 16 folios de información documentaria sobre su caso. ¿Cuáles son las estrategias de sus abogados en ambos caminos y qué podría pasar en cada uno de ellos?

–Luchando por un grillete–

En la audiencia del miércoles, programada para las 12:30 de la tarde (hora peruana), Toledo buscará una vez más que se le asigne una fianza. Previamente, sus abogados han propuesto que se le permita enfrentar su proceso con arresto domiciliario y con un grillete electrónico de monitoreo remoto. “Tanto la radio frecuencia como el monitoreo por GPS proveen notificaciones en tiempo real sobre posibles intentos de escape”, dijeron en octubre.

Esta propuesta fue realizada luego de que el primer intento de obtener la libertad bajo fianza fuera rechazado en primera instancia por el juez Thomas Hixson, quien está a cargo de decidir la extradición, debido al alto riesgo de fuga. Tras la apelación de la defensa, la decisión sobre la libertad bajo fianza pasó al juez de segunda instancia Vince Chhabria.

Chhabria, de hecho, fue quien propició el traslado de Toledo a Maguire. “La mayoría de personas está de acuerdo en que estar en confinamiento solitario está muy cerca de la tortura. ¿Por qué, entonces, no debería ser esta una circunstancia especial que justifique su liberación?”, se preguntó sobre el régimen de aislamiento que Toledo tenía en Santa Rita.

Dado que en esa prisión no existía un régimen intermedio entre el confinamiento solitario y el estatus de los reos comunes –demasiado peligroso, por la actividad delictiva de las pandillas latinas de California dentro de la cárcel–, Chhabria dictaminó el 10 de octubre del año pasado que Toledo debía ser trasladado u ordenaría su liberación. Ese mismo día, la fiscal federal Elise LaPunzina adelantó que buscarían una cárcel en el condado de San Mateo para albergar al expresidente. Y así ocurrió.

En Maguire, Toledo tiene un régimen penitenciario que lo mantiene alejado de las pandillas –como Nuestra Familia, La ‘Eme’ o la Mara Salvatrucha, que también habitan esa prisión–, pero que es mucho más flexible en cuanto a su relación con el exterior y a sus opciones de entretenimiento. En su nueva cárcel, por ejemplo, el expresidente puede recibir visitas y realizar llamadas (de hecho, hizo más de 100 en sus primeros 10 días allí, según la fiscalía), y tiene acceso a una sala de televisión.

“Toledo tiene derecho a tres o más horas fuera de su celda al día, lo que es igual o más tiempo de recreación que la población general de Maguire”, dijo LaPunzina en un oficio que envió a la Corte para frenar la liberación de Toledo, según había dispuesto Chhabria. En Santa Rita, el expresidente no podía recibir visitas ni realizar llamadas, y sólo se le permitía una hora de patio al día. Su celda tenía menos de 10 m2.

Santa Rita tiene un índice de muertes en prisión de 13,6 por cada 1.000 internos. Esto la convierte en una de las cárceles con el ratio de mortalidad interna más alto de Estados Unidos. En cambio, las dos cárceles de San Mateo –una de las cuales es Maguire– tienen un ratio promedio de solo 5 muertes por cada 1.000 reos. Esta cifra está por debajo del promedio de las cárceles de Los Ángeles y de San Francisco, según cifras de la cadena KTVU.

Debido este importante cambio, Chhabria –quien había adelantado que tendría que evaluar las nuevas condiciones carcelarias– dijo en noviembre que “se inclinaba” por mantener a Toledo recluido. Sin embargo, pidió más tiempo para decidir y ordenó que se realizará la audiencia probatoria de este miércoles. Tras varias postergaciones, ambas partes esperan que el juez finalmente tome una decisión, la cual será definitiva.

El objetivo de la audiencia probatoria es que la fiscalía y la defensa de Toledo presenten todas las pruebas, testimonios y pericias psicológicas necesarias para determinar si la estadía en Maguire sigue afectando –o no– la salud mental del expresidente. Lo más probable es que, además, él esté presente para testificar sobre los problemas psicológicos que le causaría el encierro. Chhabria ya ha ordenado que su historial médico sea entregado a la fiscalía.

En un documento enviado a la Corte del Distrito Norte de California hoy martes, ambas partes han confirmado los testigos que llevarán. La defensa presentará al doctor Craig Haney, para que hable sobre los impactos en la salud mental de Toledo, y a Martin Carnoy, profesor de Stanford, amigo suyo desde hace mucho años y uno de los garantes de su fianza. La fiscalía, en tanto, llevará a cuatro empleados de Maguire, incluido el encargado de la enfermería, para que testifiquen sobre los privilegios del expresidente.

El tema de la salud mental de Toledo ha sido la punta de lanza de su defensa para obtener la libertad bajo fianza. Desde octubre sus abogados concentraron allí, más que en el peligro de fuga, su estrategia para sacarlo de prisión. Y el elemento que inclinó inicialmente la balanza a su favor fue la carta que dirigió al juez el psiquiatra de Santa Rita, Dave Schatz.

“He visto una marcada desmoralización, junto a un incremento significativo de su ansiedad y su depresión […]. El Sr. Toledo muestra un creciente retraso psicomotor, lo que significa una desaceleración significativa de sus movimientos, hace mucho menos contacto visual que cuando lo empecé a tratar [y] repite lo que dice mucho más a menudo”, detallaba la misiva. En las audiencias de septiembre, a las que asistió El Comercio, Toledo ya temblaba del brazo izquierdo y el labio inferior.

Aunque el juez Chhabria ya ha mostrado que no le preocupa seguir postergando la decisión, pues considera que las condiciones en Maguire son mucho mejores, todo indica que los abogados de Toledo insistirían este miércoles en que fije la fianza lo más pronto posible. La fiscal LaPunzina, en cambio, buscará mantenerlo tras las rejas.

–Buscando indicios de “coacción”–

A la par que buscar su libertad bajo fianza, los abogados de Toledo –que el gobierno de Estados Unidos le proporciona de forma gratuita desde hace varios meses– también deben enfrentar el proceso de extradición propiamente dicho. Es un camino largo en el que, del otro lado, la fiscal LaPunzina busca demostrar que los delitos por los que se le acusa en el Perú (lavado de activos, tráfico de influencias y colusión) existen en el ordenamiento jurídico estadounidense, que hay causa probable para acreditarlos y que los documentos presentados son veraces.

El jueves 6 finalmente se dará inicio a ese lento camino. En la audiencia programada para la 1:00 pm (hora peruana), el juez Hixson evaluará el primer round de esta pelea: si la fiscalía debe entregar 16 folios de información documental solicitados por los abogados del expresidente. La estrategia de la defensa para derribar la solicitud de extradición parece encaminarse básicamente hacia allí: a cuestionar los documentos que la sustentan.

A finales de diciembre, los abogados de Toledo pidieron al juez Hixson que obligue a la fiscalía a entregar una cantidad importante de información sobre el caso. Su objetivo, dijeron en el oficio enviado a la Corte, era encontrar en estos documentos indicios “relacionados a la coacción de los dos principales testigos”: el exsuperintendente de Odebrecht Jorge Barata y el empresario israelí Josef Maiman.

“El caso del Perú contra el Dr. Toledo descansa casi en su totalidad en estos dos testigos [Barata y Maiman], y el Dr. Toledo considera de buena fe que las declaraciones de ambos han sido coaccionadas”, decía el documento firmado por los abogados Steven Kalar y Graham Archer. Por eso, dos de los folios solicitados son copias de los interrogatorios realizados a Barata y Maiman por el equipo especial de fiscales del caso Lava Jato en el Perú.

Hace dos semanas, Maiman brindó una declaración anticipada a las autoridades peruanas de cara al juicio del Toledo. Allí, confirmó que recibió US$34 millones en coimas para el expresidente de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa, de los cuales le entregó US$21 millones. “Cuando empiezo a recibir [los fondos], los comienzo a transferir a las cuentas costarricenses que ellos me dijeron”, sostuvo. El dinero habría terminado en la empresa Ecoteva, con la cual Toledo compró una casa, una oficina y pagó dos hipotecas.

Pero aún así, su defensa en Estados Unidos ha apuntado las balas a encontrar “coacción” en los testimonios de Maiman y Barata para deslegitimarlos. Para ello, también ha solicitado copias de los acuerdos de colaboración de ambos, pese a que son secretos en el Perú a menos que un juez nacional dictamine lo contrario, según el penalista Carlos Caro.

Los abogados de Toledo han pedido además otros documentos vinculados de forma sólo indirecta con el caso, como “material relacionado a Toledo que haya sido obtenido por la fiscalía del Distrito Este de Nueva York” en la investigación general sobre el caso Odebrecht/Braskem y “cualquier información obtenida por la investigación en el Distrito de Maryland“, donde el expresidente tenía una casa con la que habría realizado operaciones de lavado de dinero.

LaPunzina, como era de esperarse, ha rechazado el pedido y lo ha calificado como una “expedición de pesca” (expresión que implica una búsqueda a ciegas de información en el derecho anglosajón). “La fiscalía ya ha entregado previamente a Toledo la copia del pedido de extradición del Perú junto a sus pruebas […]. Toledo no tiene derecho a nada más, y su pedido para obligar [a la entrega de documentos] debe ser denegado”, argumentó la fiscal en enero.

En línea con la confidencialidad de los acuerdos de colaboración, además, LaPunzina argumentó que no es legalmente posible solicitar documentos ajenos al gobierno de Estados Unidos. “La autoridad de la Corte no aplica para obligar a la entrega de materiales en posesión de gobiernos extranjeros”, aseguró.

Pero la defensa de Toledo contraatacó hace cinco días. Su principal argumento fue que se trata de una “investigación conjunta” entre los gobiernos de Estados Unidos y el Perú. ”Porque la fiscalía [estadounidense] está trabajando junto al Perú en la investigación, los materiales en posesión del Perú deben ser tratados como si estuvieran “en posesión, custodia o control” de los Estados Unidos“, aseguraron los abogados.

Más allá de lo que el juez Hixson decida sobre el pedido de información, este no es más que el inicio de un largo camino, al final del cual Toledo tendrá que allanarse. El único recurso que puede presentar para frenarlo es un hábeas corpus alegando temas de proceso. Pero si el fallo indica que debe regresar para ser juzgado en el Perú, la decisión de la Corte será inapelable. (El Comercio)