El contrabando, una actividad económica persistente en la región de Puno, es más que una simple infracción; se ha convertido en un fenómeno social impulsado por las políticas económicas del país y la ineficiencia estatal, según el análisis del político Alberto Quintanilla Chacón.
En declaraciones recientes, Quintanilla Chacón explicó que el contrabando funciona como una «actividad social» al ofrecer ocupación a personas desempleadas. Asimismo, lo vinculó con la política económica nacional, señalando que la economía peruana, basada en la recaudación de impuestos sobre diversos productos como los combustibles, incentiva esta práctica ilegal.
El analista también destacó que el contrabando, que a menudo opera a través de «actividades de hormiga» con pequeños comerciantes, es una fuente de corrupción, donde las autoridades encargadas de las incautaciones a menudo solicitan sobornos.
Para Quintanilla Chacón, la solución al problema del contrabando pasa por un «Estado más eficiente». Una de las principales causas, según su análisis, radica en los aranceles e impuestos al comercio exterior diferenciados, que deben ser uniformes para evitar la desigualdad y no incentivar el contrabando. Además, el analista señaló la ineficiencia estatal en los trámites aduaneros y sanitarios.
Explicó que la demora en la obtención de permisos sanitarios para el tránsito de productos entre países fomenta la informalidad, lo que debería ser un proceso «al momento» para facilitar el comercio legal.
«En el fondo necesitamos un estado más eficiente y menos corrupto», concluyó Quintanilla Chacón, subrayando la necesidad de reformas estructurales para abordar de raíz este complejo problema socioeconómico.
(E.C)