Una nueva polémica sacude al país tras conocerse que el comandante PNP Segundo Ocampo Aguirre, investigado por su presunta participación en la represión de las protestas en Juliaca, donde fallecieron varias personas, ha sido ascendido de grado.
Mediante Resolución Ministerial 1851-2024-IN, el Ministerio del Interior, liderado por Juan José Santiváñez, justificó este ascenso excepcional argumentando la participación de Ocampo Aguirre en el Baguazo de 2009. Sin embargo, esta decisión ha generado indignación y ha sido calificada como una afrenta para las víctimas y sus familiares.
El caso Juliaca
El pasado 20 de julio, el Ministerio Público formalizó una investigación contra Ocampo Aguirre por los hechos ocurridos en Juliaca, donde cuatro personas fueron baleadas en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac. Los cargos imputados al comandante son lesiones graves y abuso de autoridad.
Contradicciones y cuestionamientos
La decisión de ascender a un oficial investigado por graves violaciones a los derechos humanos ha generado una ola de críticas. El abogado de las víctimas, César Quispe Calsín, ha expresado su indignación, señalando que estos ascensos son una recompensa a quienes han perpetrado graves crímenes.
«Manifestamos nuestra absoluta indignación por este tipo de premios a quienes están involucrados en las masacres. La Fiscalía los investiga por homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves; estos ascensos a todas luces no responden a sus propios argumentos de la misma resolución, sino a la necesidad de tener a gusto a los perpetradores de graves violaciones de Derechos Humanos», afirmó Quispe Calsín.
El contexto del Baguazo
La resolución ministerial justifica el ascenso de Ocampo Aguirre basándose en su participación en el Baguazo, un enfrentamiento entre fuerzas del orden y comunidades indígenas en 2009 que dejó un saldo de 33 muertos. Sin embargo, esta justificación ha sido cuestionada, ya que no se considera que la participación en un evento de estas características justifique un ascenso en un contexto donde el oficial es investigado por hechos similares y más recientes.
Demanda de justicia
Las familias de las víctimas de Juliaca y Apurímac exigen una investigación exhaustiva y transparente, así como sanciones ejemplares para todos aquellos involucrados en los hechos violentos. Asimismo, han solicitado al Ministerio Público y al Poder Judicial que revisen esta resolución ministerial y anulen el ascenso de Ocampo Aguirre.
Este caso ha reavivado el debate sobre la impunidad en el país y ha puesto en evidencia la necesidad de una reforma profunda en las instituciones encargadas de garantizar el respeto a los derechos humanos.