Exdirigente Elvis Juárez cuestiona la legalidad y transparencia del FDOS-Azángaro
El expresidente del Frente de Defensa de las Organizaciones Sociales de Azángaro, Elvis Juárez Palma, denunció públicamente —a través de La Decana— que durante las celebraciones por el aniversario de Azángaro se habría constituido de manera irregular un nuevo frente de organizaciones sociales.
De acuerdo con Juárez, esta organización se habría conformado “entre gallos y medianoche”, sin conocimiento de la población ni de los dirigentes reconocidos, levantando sospechas sobre su legalidad.
Nuevo frente FDOS-Azángaro
El acta de constitución señala que la organización se denomina Frente de Defensa de Organizaciones Sociales de Azángaro (FDOS-Azángaro), y establece un periodo de gestión de tres años.
Según el documento, la directiva está encabezada por:
Gregorio Bernardino Magno León, presidente
Abraham Avidan Cotacallapa Luque, vicepresidente
Frank Rudy Mamani Cuno, secretario de actas
María Casilda Mamani Mamani, secretaria de economía
Ideltrodes Huarsaya Quispe, secretario de defensa y DD.HH.
Ruth Eva Hancco Mayta, secretaria de cultura y deportes
Luis Teodoro Turpo Choquehuanca, secretario de medio ambiente
Amanda Judith Quispe Huarsaya, secretaria de prensa y difusión
Hermógenes Elfego Charca Panca, secretario de control y disciplina
Manuel Torres Sanca, secretario de asuntos jurídicos
Sospechas de irregularidades
El exdirigente advirtió que la constitución del FDOS-Azángaro se habría realizado con la presunta complicidad de un notario de Juliaca, y que varios de sus integrantes tendrían antecedentes cuestionables.
Juárez señaló que al menos dos de los dirigentes ya habrían utilizado anteriormente maniobras similares para obtener representatividad, “cambiando el nombre de un barrio” con la finalidad de perpetuarse en cargos de poder.
Críticas a la falta de representatividad
Finalmente, sostuvo que la aparente intención de este nuevo frente es aprovechar la falta de interés de la población en participar en espacios de representación, lo que abre la puerta a grupos con intereses particulares antes que al verdadero beneficio de la provincia.
