La ley que somete a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y persigue su financiamiento y actividades, aprobada el miércoles con 81 votos en el Congreso, generará impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y dejará desprotegidas a las poblaciones vulnerables. La norma empodera a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para fiscalizar los fondos que reciben las ONG y el uso que le dan. Además, la faculta para sancionar a estas organizaciones y hasta denunciarlas ante el Ministerio Público.
El punto más cuestionado, de acuerdo a los representantes de la sociedad civil consultados por La República, es que la ley considera una infracción grave el financiamiento o la asesoría de acciones en casos judiciales en instancias nacionales e internacionales contra el Estado peruano. El apoyo de una ONG a este tipo de casos de DD. HH. la expone a una multa de hasta S/ 2.6 millones (500 UIT) o su cancelación. Estas organizaciones, recordemos, han reemplazado el papel del Estado de defender los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos más vulnerables que no cuentan con recursos económicos para solventarlos. La ley fujimorista, sin embargo, pretende perseguir ese apoyo. Así, las víctimas quedarían desprotegidas.
El director del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, mostró su preocupación por esta ley y la calificó de contrabando debido a que fue incluida a última hora en la agenda del Pleno. «Lo único que refleja es la voluntad más rastrera del fujimorismo y sus aliados de perjudicar el derecho de las víctimas en los casos de graves violaciones de derechos humanos», sostuvo. Rivera recordó que frente a los crímenes en la década de los 90, frente a la represión de las protestas del 2020 contra el gobierno de Manuel Merino y las que hubo contra el régimen de Dina Boluarte, fue la sociedad civil la que apoyó con asesoría a los familiares de las víctimas.
Rivera rememoró que el fujimorismo tiene una enemista con las ONG debido a que el exdictador Alberto Fujimori, quien fue condenado por violaciones de derechos humanos en el caso Barrios Altos y La Cantuta. «Desde ese momento, el fujimorismo define a las ONG como parte de sus enemigos y aquí, básicamente, hay una liquidación política hacia sus enemigos con esta ley», dijo. Boluarte es investigada por la muerte de 44 personas que protestaron contra su gobierno. Es un caso de presuntas violaciones de derechos humanos. La ley anti ONG sanciona que organizaciones de la sociedad civil brinden asesoría en este proceso.
Ley anti-ONG: miles de víctimas quedarían sin defensa legal
La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, alertó que alrededor de 7 mil personas se verían afectadas con esta ley debido a que distintas organizaciones de la sociedad civil tienen a su cargo defenderlas. «Nosotros representamos a 509 víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos solo en un caso. Tenemos otros en la Corte IDH, uno de ellos es de una víctima de violación sexual cuando era menor de edad y tuvo incluso una hija por parte de los policías que la detuvieron», recordó Cano.
«Son muchas víctimas por una ley que quieren favorecer a un grupo de criminales, a personas que cometieron desapariciones, a personas que cometieron violación sexual, a personas que cometieron ejecuciones extrajudiciales. (De promulgarse la ley) tendríamos que dejar la representación de víctimas en el caso contra Dina Boluarte, de las víctimas de las protestas en Ayacucho y Andahuaylas», añadió. La abogada de Aprodeh adelantó que evalúa recurrir al Tribunal Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad con esta ley y luego al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La directora de la ONG Manuela Ramos, Rocío Gutiérrez, coincidió con la abogada de Aprodeh y alertó que esta ley golpea directamente a los casos judiciales que involucran violaciones de derechos humanos perpetrados contra las personas que murieron en las protestas contra el gobierno de Boluarte. Gutiérrez recalcó que la defensa de los deudos está en manos de las organizaciones de la sociedad civil. «La verdadera intención de esta ley es silenciar a las organizaciones, evitar la protesta, la crítica, la vigilancia y la demanda de rendición de cuentas y la impunidad. La sociedad civil es la más atenta frente a las acciones de los órganos de gobiernos, es como eliminar una voz incómoda. Es un objetivo claramente político», protestó Gutiérrez.
Gutiérrez considera que esta ley es fruto de la alianza autoritaria entre el Ejecutivo y Congreso que busca avasallar con los derechos humanos. «Hay una sintonía, un control sobre múltiples leyes que se han dado contra los derechos humanos y contra las mujeres», expresó. La ley contra las ONG no solo afectará a los casos de DD. HH, también faculta a la APCI a perseguir las actividades de las ONG que sean consideradas como contrarias al orden público y la propiedad privada. En diversas ocasiones, poblaciones vulnerables protestan contra el Estado peruano para exigir que se respeten sus derechos. (LR)
YCQ.