La Contraloría General de la República del Perú advirtió al Gobierno Regional de Puno sobre serias deficiencias en la ejecución del proyecto de instalación del nuevo techo del coliseo de la ciudad, una situación que pone en riesgo tanto la seguridad de la infraestructura como la integridad de las personas, además de exponer al Estado a un posible perjuicio económico.
El proyecto contempla la fabricación, transporte y montaje de una nueva estructura metálica para la cobertura del recinto, a cargo de una empresa estatal, en el marco de un convenio suscrito en setiembre de 2024 y con un plazo de ejecución de 270 días calendario. Cabe recordar que parte de la estructura colapsó el año pasado mientras se realizaban trabajos de instalación.
Según el Informe de Control Concurrente N.° 006-2026-OCI/5350-SCC, que abarca el periodo del 11 al 17 de febrero de 2026, se verificó el colapso de arcos, vigas y otros elementos metálicos de la nueva cobertura, así como daños en columnas de concreto. Estos componentes ya habían sido ejecutados y valorizados, por lo que quedaron inservibles y deberán ser reemplazados.
El colapso ocurrió en el módulo central del coliseo y comprometió diez arcos principales, vigas metálicas y anclajes. Además, afectó actividades asociadas como el montaje, transporte y pintura, que tendrán que repetirse, incrementando los costos del proyecto.
Como consecuencia, la Contraloría advierte un posible perjuicio económico debido a la pérdida de funcionalidad de los elementos dañados. A ello se suman afectaciones en columnas de concreto, pedestales y el canal de drenaje, donde se detectaron fisuras y colapsos parciales que comprometen su resistencia estructural.
Durante la inspección, también se evidenció que varias columnas que aún permanecen en pie presentan fisuras y desplazamientos, lo que podría derivar en un colapso progresivo si no se adoptan medidas urgentes, situación que se agrava por la actual paralización de la obra.
Otro aspecto crítico identificado es que el convenio suscrito no contempla mecanismos suficientes para salvaguardar los recursos públicos frente a fallas estructurales ni coberturas adecuadas ante daños, lo que incrementa el riesgo económico para el Estado.
El informe ya fue comunicado al titular de la entidad regional, a fin de que se adopten las acciones preventivas y correctivas correspondientes. Este documento se encuentra disponible para consulta pública en el portal institucional de la Contraloría.