Una serie de irregularidades administrativas y técnicas en la contratación de servicios para el proyecto de fortalecimiento del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón ha generado un perjuicio económico de S/ 171,218 al Gobierno Regional de Puno, según reveló la Contraloría General de la República (CGR) en su Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 026-2025-2-5350-AC.
La auditoría, que evaluó el periodo del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, detectó que el gobierno regional suscribió un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para la elaboración de estudios hidrológicos e hidrogeológicos, sin convocar al debido proceso de selección exigido por la Ley de Contrataciones del Estado y sin contar con la aprobación del Consejo Regional, lo que vulnera principios de legalidad y transparencia.
A esta omisión legal se suman deficiencias en la ejecución del contrato. La UNI entregó los estudios con 51 días de retraso, pero pese a este incumplimiento, el Gobierno Regional realizó el pago total del servicio, en lugar de resolver el convenio, como correspondía. Además, la entidad no elaboró un plan de trabajo propio ni realizó indagación de mercado, aprobando sin cuestionamientos la propuesta técnica y económica de la UNI, lo que impidió validar adecuadamente el valor referencial del servicio.
Estos errores administrativos no solo han generado un perjuicio económico tangible, sino que también ponen en riesgo la viabilidad técnica y legal del proyecto hospitalario, cuya inversión pública supera los S/ 54 millones.
El informe también señala que, si bien se elaboró un plan para atender observaciones del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) sobre los terrenos propuestos para la construcción del hospital, el Gobierno Regional sólo gestionó servicios para un predio en la Av. El Sol, dejando de lado otra ubicación alternativa. Esta decisión limitó la evaluación de alternativas técnicas y comprometió el principio de objetividad que debe regir en la administración pública. El predio excluido del proceso de subsanación podría enfrentar problemas de saneamiento físico-legal, poniendo en duda la factibilidad del proyecto.
Ante estos hechos, la Contraloría ha recomendado el inicio de acciones administrativas y penales contra los funcionarios involucrados, así como la implementación de medidas correctivas que garanticen el adecuado uso de los recursos públicos.
Este nuevo informe vuelve a poner en el centro de la discusión pública la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y planificación en las inversiones públicas del sector salud en Puno. La población, que espera con urgencia un hospital regional moderno y funcional, ve con preocupación cómo decisiones irregulares podrían demorar —o incluso poner en riesgo— un proyecto largamente esperado.