Con un firme compromiso de proteger la salud ambiental y humana, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Puno ha iniciado una investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de contaminación ambiental agravada. Esta medida se tomó tras la constatación de vertimientos mineros no autorizados en ríos que forman parte de la cuenca hidrográfica Llallimayo, en el sur andino del Perú.
Durante una reciente diligencia de campo, un equipo fiscal encabezado por el fiscal superior Frank Almanza, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, verificó el estado crítico de las aguas de los ríos Ocuviri, Huarucani, la quebrada Lluchusani y otros afluentes, que están siendo impactados por actividades de la unidad minera Arasi, operada por la empresa Aruntani S.A.C., en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa.
Según el informe fiscal, se detectó una poza de acumulación en cuya estructura se halló una tubería de seis pulgadas camuflada, equipada con una llave de paso, mediante la cual se realizaba un vertimiento constante de aguas ácidas directamente al río Lluchusani. Este acto, que se habría realizado de forma clandestina, carece de autorización por parte de la Autoridad Local del Agua, lo que agrava su carácter ilegal.
Las muestras de agua recolectadas en el lugar confirmaron un nivel elevado de acidez, alta conductividad eléctrica y una demanda bioquímica de oxígeno (DBO) que supera los límites permitidos por los estándares de calidad ambiental vigentes. Estos parámetros son indicadores claros de una contaminación severa que estaría dañando de manera progresiva la calidad del agua en toda la cuenca.
El impacto de esta contaminación no es solo ecológico, sino profundamente humano. La cuenca Llallimayo es fuente vital para la población de las provincias de Lampa y Melgar, afectando directamente a comunidades de los distritos de Ocuviri, Llalli, Umachiri y Ayaviri. Autoridades locales y vecinos han manifestado su creciente preocupación por los efectos en la salud, especialmente en la población infantil, así como por los daños irreversibles en las actividades agrícolas y ganaderas, principales medios de subsistencia en la zona.
La FEMA de Puno ha anunciado que continuará con las diligencias investigativas, incluyendo el requerimiento de informes técnicos y la evaluación de posibles antecedentes de infracciones por parte de la empresa minera Aruntani S.A.C. “Esta es una señal clara de que el Ministerio Público no tolerará acciones que vulneren el derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano”, señaló una fuente del equipo fiscal.
El caso Llallimayo pone en evidencia, una vez más, los desafíos persistentes para equilibrar la actividad extractiva con la protección de los recursos naturales y los derechos de las poblaciones andinas. Mientras avanza la investigación, las comunidades esperan justicia y medidas concretas para frenar una contaminación que amenaza su presente y su futuro.