La Contraloría General identificó irregularidades que generaron un perjuicio económico estimado de S/ 158,585.42 durante la revisión de la ejecución contractual del proyecto de Mejoramiento del servicio de transitabilidad en la urbanización San Francisco, distrito de San Miguel, San Román.
Funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Miguel aprobaron una penalidad por mora en la ejecución de la obra por un monto inferior, a pesar de tener pleno conocimiento de la situación.
Según el Informe de Control Específico N°056-2023-2-0465, se constató que el residente de obra del contratista e inspector de obra comunicaron la culminación de la obra; sin embargo, la comisión de control evidenció que el contratista no finalizó la ejecución, lo cual fue confirmado por el comité de recepción de obra en un acta de observaciones del 27 de junio de 2023.
A pesar de ello, el comité de recepción de obra consideró los hechos como observaciones y otorgó un plazo de 12 días calendarios al contratista para subsanar las deficiencias. La obra se declaró concluida el 7 de julio de 2023 con una mora de 24 días calendario, situación no advertida por el inspector de obra quien a su vez fue asesor técnico del comité de recepción de obra.
Posteriormente, el jefe de la oficina de supervisión y liquidación de inversiones calculó una penalidad por mora de solo tres días, lo cual fue tramitado y aprobado por el gerente de infraestructura y el subgerente de ingeniería y obras, ambos miembros del comité de recepción, sin emitir observación alguna a pesar de su pleno conocimiento de la situación.
Adicionalmente, el Subgerente de Logística, Abastecimiento y Patrimonio no llevó a cabo el cálculo de la aplicación de la penalidad, incumpliendo el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Cabe señalar que el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones y el Gerente de Infraestructura dieron conformidad a la liquidación del contrato del contratista quien cobró su saldo con las conformidades de los mismos y del subgerente de ingeniería y obras, los que no se pronunciaron sobre la penalidad por mora calculada inadecuadamente.
El informe fue comunicado al Órgano Instructor para iniciar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos involucrados y a la Procuraduría Pública para emprender acciones penales contra ellos.