La Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez (UANCV) enfrenta un escenario de alta tensión institucional tras las graves denuncias formuladas por el secretario general del sindicato de trabajadores, Jimmy Bustinza Bustínza, quien advierte la existencia de una presunta red de corrupción al interior de la casa superior de estudios y una política sistemática de represalias contra quienes cuestionan la gestión.
El dirigente acusó directamente a la administración encabezada por el rector Félix Ochatoma Paravicino de promover un clima de hostigamiento laboral. Según su testimonio, tras hacer públicas las denuncias, fue removido de su cargo como jefe de la Unidad de Desarrollo de Software y, desde entonces, permanece sin funciones asignadas, en lo que califica como una medida deliberada para inmovilizarlo y frenar sus acciones de fiscalización. A ello se suma —según indicó— el bloqueo de su correo institucional, herramienta clave para reportar irregularidades ante el Ministerio de Educación del Perú y la SUNEDU.
Las denuncias no se limitan a un caso individual. De acuerdo con el sindicato, la presunta política de amedrentamiento se habría extendido a otros trabajadores: al menos 30 habrían sido obligados a renunciar a la organización sindical bajo amenazas de despido, mientras que cerca de 50 enfrentarían evaluaciones de desempeño cuestionadas, presuntamente utilizadas como mecanismo de presión. En este contexto, la SUNAFIL ya habría iniciado acciones para verificar posibles vulneraciones a los derechos laborales.
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia apunta a la supuesta opacidad en el proceso de licenciamiento institucional. El dirigente sostuvo que existirían decenas de observaciones formuladas por la SUNEDU —algunas de carácter crítico— que no habrían sido informadas a la comunidad universitaria, lo que pondría en entredicho la viabilidad académica de la institución. A esto se agregan acusaciones sobre presuntos cobros irregulares en la Escuela de Posgrado para la obtención de grados académicos, así como cuestionamientos a un intento de disposición de terrenos en Chilpinilla, un hecho que habría sido frenado por restricciones legales, pero que permanece bajo escrutinio fiscal.
En medio de este panorama, el sindicato exige la intervención inmediata del Ministerio Público y del Poder Judicial, advirtiendo que la falta de acción podría profundizar la crisis institucional y afectar directamente a estudiantes, docentes y trabajadores. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades de la UANCV no han emitido una respuesta pública frente a los señalamientos, lo que incrementa la incertidumbre en torno al futuro de la universidad.