En medio de un creciente malestar ciudadano por el deficiente servicio de agua potable, dirigentes de las cuatro zonas de Juliaca, encabezados por Juan Zapata Chambilla, sostuvieron una reunión con la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) para exigir acciones concretas frente a lo que califican como cobros desproporcionados y una prestación ineficiente por parte de EPS Seda Juliaca.
El dirigente informó que, como parte de los acuerdos, en los próximos días personal de la SUNASS iniciará trabajos de monitoreo tanto en reservorios como en viviendas, con el objetivo de verificar la calidad del agua y las condiciones reales del servicio que reciben los usuarios. Esta medida surge tras múltiples denuncias de familias que aseguran recibir facturaciones elevadas —que superan los 32 soles— pese a no contar con suministro regular en sus domicilios.
Durante el encuentro, los representantes vecinales insistieron en la necesidad de garantizar una facturación justa, señalando que no es razonable cobrar por un servicio que no se brinda de manera continua. En esa línea, plantearon la instalación técnica y transparente de medidores, como una forma de evitar abusos y restablecer la confianza de la población. “Si no hay agua, no se debe cobrar”, enfatizó Zapata Chambilla, reflejando el sentir de numerosos usuarios afectados.
Asimismo, los dirigentes cuestionaron aspectos de gestión dentro de la empresa prestadora, anunciando que impulsarán acciones para revisar la designación del actual gerente de SEDA Juliaca, al considerar que no cumpliría con el perfil técnico requerido. En paralelo, también alertaron sobre el estado de la infraestructura, señalando que varios reservorios datan de la década de 1970, lo que incide directamente en la baja presión y la limitada cobertura del servicio.
Como parte de los compromisos asumidos, se acordó implementar inspecciones conjuntas entre la SUNASS y los dirigentes, que incluirán visitas “casa por casa y barrio por barrio”, además de priorizar inversiones para mejorar la infraestructura y mantener reuniones periódicas de seguimiento. Aunque los representantes vecinales mantienen cautela frente a los resultados, consideran que este proceso de fiscalización directa representa un avance necesario para transparentar la situación y garantizar el acceso a un servicio básico en condiciones dignas.
La población, por su parte, espera que estas acciones se traduzcan en mejoras reales y sostenibles, en un contexto donde el acceso al agua potable continúa siendo una de las principales demandas sociales en la ciudad.