La presidenta Dina Boluarte, así como Alberto Otárola y otros miembros del Ejecutivo que estuvieron al mando durante el periodo de las protestas y sobre quienes pesan los delitos resultantes de la muerte de 50 peruanos durante las marchas contra el Gobierno, podrían salir bien librados. Ello debido a la falta de atención expresada por la Fiscalía de la Nación respecto al desarrollo de diligencias y la ampliación de estas, de acuerdo a la denuncia de los abogados de los deudos.
Como se sabe, en enero de este año, la Fiscalía de la Nación dispuso el inicio de una investigación preliminar en contra de la presidenta Dina Boluarte por las denuncias de genocidio, homicidio calificado, y lesiones graves por un periodo de nueve meses, el cual se vence este 25 de octubre.
La idea general sobre estas investigaciones, que acarrean graves imputaciones en contra de la mandataria, su primer ministro, y los ministros de Defensa y del Interior, así como otros altos mandos militares de las Fuerzas Armadas; era que se proceda con una ampliación de las pesquisas. No obstante, hasta la fecha, esta disposición no ha llegado a ninguna de las partes defensoras de los deudos, faltando menos de dos días para el vencimiento del plazo.
Una ampliación de investigación preliminar de la que no se sabe nada
ARCHIVO – La presidenta de Perú, Dina Boluarte, habla con la prensa al final de la Cumbre del Amazonas en Belem, Brasil, el 8 de agosto de 2023. Boluarte no respondió preguntas el miércoles 27 de septiembre de 2023 en Lima, Perú, durante un interrogatorio en la fiscalía por los presuntos delitos de genocidio, homicidio agravado y lesiones graves ocurridos durante mortales protestas antigubernamentales en Perú. (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo)
La situación se vuelve especialmente preocupante, pues entre las últimas acciones emitidas por la presidenta Dina Boluarte, se detalla la presentación de una solicitud de archivamiento de todas las investigaciones en su contra, y su accionar ante las diligencias y preguntas de la Fiscalía de la Nación ha sido la de abstenerse de declarar. Además de la actitud mostrada por el Ministerio Público en el transcurso de las diligencias, que se mostró esquiva ante los requerimientos de los abogados de los deudos y la Procuraduría General del Estado.
Para corroborar esta inacción por parte del Ministerio Público, Infobae Perú se contactó con los abogados a cargo de los casos de Ayacucho y Puno, los principales defensores de los deudos, Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL); y Gloria Cano Legua, abogada de Aprodeh.
Todo ello, a fin de corroborar si hasta este lunes el Ministerio Público los había hecho partícipes de alguna diligencia adicional, o notificación respecto a las acciones a tomar ante el Poder Judicial, con el objetivo de que se llegue a solicitar una ampliación de las diligencias preliminares.
No obstante, ambos abogados afirmaron ante este medio que no habían recibido notificación alguna por parte de la institución, y que, incluso, quedan una serie de toma de declaraciones y reprogramaciones pendientes de ser atendidas por parte del Ministerio Público.
Toda una investigación por abuso de autoridad sigue sin ser atendida
De no presentarse una solicitud de ampliación de las investigaciones ante el Poder Judicial, la investigación corre el riesgo de quedar estancada en el tiempo hasta que la Fiscalía resuelva si archivar o proseguir con la siguiente etapa preparatoria para los delitos de genocidio, homicidio calificado, y lesiones graves.
Pero existe un delito más por el que no se ha iniciado ningún tipo de diligencia por parte de la Fiscalía de la Nación, y es el detallado en una reciente disposición de inicios de octubre, que fue revelado inicialmente por este medio y que comprende la comisión de un presunto abuso de autoridad y por el que Boluarte y sus ministros se encuentran acusados.
La no investigación de este delito, así como la desatención de diligencias como la toma de declaraciones en los principales delitos anteriormente detallados, podrían constituir una falta muy grave por parte de la Fiscalía de la Nación. Así lo precisó Andy Carrión en su momento para Infobae Perú, quien aseveró que ello constituiría una omisión formal. “No lo pueden dejar de lado, y si lo dejan de lado sería una arbitrariedad absoluta porque significaría un archivo soterrado de ese delito”, afirmó.(Infobae)