Un nuevo capítulo se ha abierto en la investigación sobre los hechos violentos ocurridos durante las protestas sociales a finales de 2022 e inicios de 2023. El Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) ha presentado contundentes evidencias que implican a 48 miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el asesinato de siete menores de edad en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Junín y Puno.
Según los documentos del Eficavip, las investigaciones han logrado identificar las cadenas de mando involucradas en estos crímenes. La evidencia recopilada, que incluye testimonios, peritajes y otros elementos probatorios, apunta a la responsabilidad penal de los acusados.
De los 48 implicados, nueve son oficiales de alto rango que enfrentan cargos por homicidio calificado, con alevosía y grave violación a los derechos humanos. Estos delitos conllevan penas máximas de cadena perpetua.
Un panorama desolador
La muerte de siete menores de edad durante las protestas ha conmocionado al país y ha generado una profunda indignación a nivel nacional e internacional. Las investigaciones del Eficavip revelan un patrón de violencia sistemática y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.
Si bien estos 48 casos representan un avance significativo en la búsqueda de justicia, es importante recordar que aún existen otras 42 víctimas mortales cuyas muertes también están siendo investigadas. En total, se han abierto varias carpetas fiscales y se han denunciado a medio centenar de policías en relación a estos hechos.
La exigencia de justicia
Las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos han demandado una investigación exhaustiva y transparente, así como sanciones ejemplares para los responsables de estos crímenes. Además, han solicitado que se garanticen los derechos de las víctimas y se les brinde el apoyo necesario para superar el trauma.
Este nuevo hallazgo pone de manifiesto la gravedad de los hechos ocurridos durante las protestas y la necesidad de una reforma profunda en las instituciones encargadas de garantizar el respeto a los derechos humanos.
