Rocío Barrios es acusada de haberse apropiado de recursos públicos al simular contratos de mantenimiento de 40 vehículos cuando dirigía la Oficina de Asuntos Administrativos de la PCM, en 2014. Ella niega las imputaciones, pero pone su cargo a disposición.
Entre julio y diciembre de 2014 –durante el gobierno de Ollanta Humala–, siendo directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rocío Barrios Alvarado, la actual ministra de la Producción, y otras cinco personas simularon contratos por el servicio de mantenimiento de 40 vehículos por el monto de S/177,279.
Esas operaciones no estaban justificadas. Nunca se registraron órdenes de servicio ni existen constancias de conformidad y tampoco hay evidencias de que el servicio finalmente se concretó.
Esa es la acusación que el fiscal anticorrupción Edwin Manrique interpuso el último 31 de enero ante el Poder Judicial. Es decir, Manrique ya cuenta con las pruebas definitivas que demuestran su imputación y que serán tomadas en cuenta en el juicio. Este no es un caso que recién empiece; de hecho, fue en marzo de 2018 cuando la Fiscalía formalizó la investigación.
¿El gobierno de Martín Vizcarra no sabía del proceso que afrontaba la integrante del gabinete ministerial? Anoche, en el programa 20/20 de Canal N, Barrios señaló que cuando el presidente la convocó, le mencionó que tenía una investigación por “un tema del órgano control, pero que no tiene mayor asidero legal”. Pero no le dijo la verdad completa pues luego admitió que su abogado fue notificado de la formalización de la investigación y, obviamente, no se trataba de una simple acción de control.
AUTORIZÓ LOS PAGOS
A Barrios se le acusa de haber autorizado, a través de una resolución emitida el 30 de diciembre de 2014, el pago de la deuda generada por esos presuntos servicios.
La PCM abonó S/110,123 y S/67,155 a las empresas Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres & Torres Luna, respectivamente, por el mantenimiento de las camionetas. De acuerdo con el fiscal Manrique, Barrios aprobó esos desembolsos sin constatar que se cumplieron todos los procedimientos previos, una norma básica de carácter administrativo.
Por estos hechos, el Ministerio Público imputa a Rocío Barrios el delito de peculado y pide nueve años y tres meses de prisión para todos los investigados.
En su manifestación a la Fiscalía, la ministra declaró que sí existieron informes que señalaban que las empresas sí prestaron servicios.
Fuente: Perú 21