La Junta de Fiscales Supremos ha citado de modo urgente a una reunión para este lunes a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tras el último destape de fiscalía que la señala como la presunta cabeza de una organización criminal en el seno del Ministerio Público.
Esta junta, el órgano de mayor jerarquía del Ministerio Público, está integrada por los fiscales Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena y es presidida por Benavides, en su calidad de titular del Ministerio Público.
Como se sabe, desde la madrugada de este lunes se desarrolla un operativo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop) y la Diviac, por el caso denominado ‘La Fiscal y su cúpula de poder’.
Esta investigación apunta a presuntas acciones irregulares para lograr la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; así como el nombramiento del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez. Objetivos que habrían sido tramados y orquestados desde «la alta dirección del Ministerio Público» para fines personales, entre ellos evitar que la JNJ destituya de Benavides de su cargo.
Como parte del operativo Valkiria V, se ha detenido a Jaime Villanueva Barreto, asesor principal de la Fiscal de la Nación. Además, se ha dispuesto el allanamiento y descerraje de las viviendas y oficinas de este funcionario y otros dos asesores de Benavides: Abel Hurtado Espinoza y y Miguel Ángel Girao Isidro.
Presunta cúpula de poder
La ‘Operación Valkiria’ es parte del caso denominado ‘La fiscal y su cúpula de poder’, que investiga a Jaime Villanueva, Miguel Angel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza, quienes habrían «instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio propio».
De acuerdo con el Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú en apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, esta presunta organización criminal se mueve en tres diferentes ejes.
Primero, se habría pretendido influir de manera ilícita en las decisiones de congresistas de la República para que destituyan a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a través de un procedimiento constitucional. Ello, debido a que la JNJ investiga a Patricia Benavides y podría, eventualmente, suspenderla. En contraprestación, la fiscal de la Nación archivaría una serie de denuncias de carácter penal por corrupción en favor de los mismos congresistas.
Segundo, habrían influido en la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, quien constitucionalmente presidiría una eventual comisión especial para seleccionar a nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia a fin de que Benavides pueda permanecer en lo más alto de la cúpula de la dirección administrativa del Ministerio Público.
Tercero, habrían promovido la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos mediante un proceso constitucional en el Congreso. El apoyo con votos por parte de los parlamentarios sería pagado con un favorecimiento en las investigaciones que cuentan con resolución pendiente en la Fiscalía de la Nación.
Cabe recordar que Benavides también dio por concluida la designación en sus cargos del fiscal superior Rafael Vela Barba en la coordinación nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, en el despacho de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos y en la coordinación del Equipo Especial de Fiscales.(RPP)