El miércoles 6 de diciembre por la noche, el fiscal de la nación interino, Pablo Sánchez, recibió un informe del fiscal Freddy Niño, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, con información que implica directamente a Patricia Benavides con relación a varios hechos ilegales, entre los cuales está la inhabilitación de Zoraida Ávalos como fiscal suprema, el intento de destitución de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia; y la elección del defensor del Pueblo.
Jaime Villanueva, hasta hace unos días el asesor de mayor confianza de Benavides, se acogió al proceso de colaboración eficaz el sábado 2 de diciembre y desde ese momento empezó a contar varios episodios con el nivel de detalle de quien tuvo una posición privilegiada y de suma confianza con la ahora suspendida fiscal de la nación. Lo hizo bajo el patrocinio del abogado Luis Capuñay, un exfiscal de crimen organizado que participó del caso ‘Cuellos Blancos’.
La de Jaime Villanueva es una historia de cambios de bando, intrigas y traiciones: un funcionario de trayectoria sinuosa que transitó por el castillismo –como asesor de los ministros Anahí Durand, Juan Carrasco y Félix Chero– y desembocó en su estrecha e intrigante colaboración con la prensa y empresarios lumpen de la ultraderecha (sin contar sus maniobras en el Congreso) utilizando su gran posición de poder en el Ministerio Público para servir a los fines de Patricia Benavides como su asesor, representante, intermediario y cómplice.
Las responsabilidades de Benavides parecen tener sin cuidado a la ultraderecha, que se ha movilizado en una aparatosa contraofensiva (desde el Congreso, sobre todo) en la que participan desde su elenco usual hasta otros que parecieran salir de las catacumbas de la política.
Esa mezcolanza se vio, por ejemplo, en el evento que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Lima la tarde del jueves 7, al que asistieron representantes de la ultraderecha como Ángel Delgado, presidente de la Coordinadora Republicana, quien se sentó en las butacas de la primera fila junto a la suspendida fiscal de la nación. Al lado de Benavides estuvieron su abogado, el expremier del segundo gobierno aprista Jorge Del Castillo; la exesposa de Alan García, Pilar Nores; y Genaro Vélez, abogado de García en los casos El Frontón, Accomarca y Cayara y asesor legal en los casos de la Megacomisión, que investigó la corrupción durante el segundo gobierno aprista.
El evento llamado ‘Día del triunfo de la democracia’ fue presidido por César Bazán Naveda, decano del Colegio de Abogados de Lima, quien ha estado afiliado al partido aprista. El acto conmemoraba el primer año del gobierno de Dina Boluarte y el respaldo de las fuerzas armadas al régimen, luego del frustrado autogolpe de Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado.
Al participar en él, Benavides no solo subrayó su identificación con ese sector, cuyas operaciones ilegales han empezado a ser descritas por Villanueva, sino que quebró la distancia que los operadores del sistema de justicia deben guardar respecto de personas investigadas, más aún si se trata de casos emblemáticos.
Dos de los panelistas del evento fueron el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre; y el expremier del gobierno de Boluarte y actual jefe del gabinete de asesores del presidente del Poder Judicial, Jorge Angulo. El primero es testigo y el segundo investigado en la carpeta fiscal por los homicidios y lesiones graves que causaron las fuerzas del orden en el contexto de las manifestaciones entre diciembre y febrero. El congresista Héctor Ventura, de la bancada de Fuerza Popular, cuya lideresa ha sido acusada por el Equipo Especial Lava Jato, también estuvo en el panel.
Jorge del Castillo, a su turno, está bajo investigación del Equipo Especial Lava Jato por el aporte de 200 mil dólares que Odebrecht hizo al Apra para la campaña presidencial de 2006. En ese caso, Del Castillo es investigado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos agravado junto con otros nueve personajes de su partido: algunos de ellos pertenecieron al círculo de confianza de García cuando estaba vivo, como los exministros Garrido-Lecca, Luis Alva Castro y Mauricio Mulder.
Del Castillo tiene larga experiencia en lograr el archivamiento de sus investigaciones en casos emblemáticos como ‘Petroaudios-BTR’ y otro con tinte de escándalo: el pago de remuneraciones a su asesora parlamentaria cuando ella se había ido del Perú. Del Castillo también tuvo una participación en la trama de los narcoindultos, desarrollada en el reportaje de IDL-R ‘El misterio ‘Brasil’.
El abogado de Patricia Benavides ha participado activamente en campañas de desinformación y ataques contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato. En 2018, por ejemplo, cuando ocupó el cargo de presidente de la comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, citó al fiscal José Domingo Pérez para interrogarlo sobre una supuesta apología al terrorismo durante una conferencia en México, con el objetivo de atacar las investigaciones que Pérez lideraba sobre la corrupción del segundo gobierno aprista, en el contexto del caso Lava Jato.
La más reciente estuvo relacionada con la suspensión del fiscal Rafael Vela, quien coordinaba hasta hace unos días la fiscalía que investiga al expremier aprista. Beto Ortiz en su programa Beto A Saber, en Willax Televisión, del 13 de noviembre, anunció que el ciudadano Enrique Montenegro era quien había presentado la denuncia penal contra el médico del fiscal Vela, Aldo Velit, por “falsa certificación médica”. Lo que Ortiz no dijo es que Montenegro era productor de Willax Televisión y conductor de un programa en PBO, que se transmite por Willax. Del Castillo, que había sido invitado como panelista para comentar la noticia propalada por Ortiz, dijo que “en el Ministerio Público existe una oficina de control e inmediatamente se tienen que tomar las medidas para verificar esta versión”.
La posición actual de Del Castillo como abogado de Benavides permite entender mejor el rol que jugó la suspendida fiscal de la nación en las campañas de hostigamiento y desinformación contra los fiscales Vela y José Domingo Pérez desde la Fiscalía y a través de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, dirigida por Antonio Fernández Jerí. El semanario Hildebrandt en sus trece reportó que la sanción al fiscal Vela estuvo coordinada entre Benavides y Fernández Jerí, de acuerdo a la confesión y las pruebas proporcionadas por el exasesor Villanueva.
VIEJOS AMIGOS
De acuerdo con fuentes de IDL-R, hay dos personajes que aparecen estrechamente vinculados con Patricia Benavides en las varias tramas de esta historia que desembocaron en las escandalosas revelaciones de Jaime Villanueva: el abogado José Luis Hauyón Dall’orto y el exministro aprista Hernán Garrido Lecca.
José Luis Hauyón, de 75 años, es un abogado de largo recorrido. Es socio fundador del estudio Hauyón & Hauyón Abogados Economistas, conocido por su vinculación con el Apra. El estudio ha patrocinado, por ejemplo, a Del Castillo, Garrido-Lecca, y a la excongresista Luciana León.
Patricia Benavides y José Luis Hauyón se conocieron entre finales de los 90 e inicios del año 2000, a través de Eduardo ‘El chino’ Arana, actual ministro de Justicia; y desde esa época forjaron una amistad que con los años se hizo más cercana, de acuerdo con fuentes de IDL-R. Ambos formaban parte de un grupo de jueces, fiscales y abogados que participaban frecuentemente en reuniones sociales.
El año pasado, Epicentro TV publicó una fotografía en la que aparecen Benavides, José Luis Hauyón y el fiscal Rafael Vela en el restaurante San Ceferino, en San Isidro. La foto es de entre fines de 2018 e inicios de 2019. De acuerdo con fuentes de IDL-R, Benavides invitó a Hauyón como agradecimiento por haberla ayudado con la admisión de sus hijas a un conocido colegio privado.
El estudio de José Luis Hauyón patrocina a la hermana de Patricia Benavides, la jueza Enma Benavides, en la investigación fiscal por presuntamente haber recibido sobornos de investigados por narcotráfico a cambio de su libertad, cuando integró el Colegiado E de la Sala Penal Nacional. El abogado que lleva el caso de la jueza es Bryan Kabsther Berríos, jefe del área penal del estudio.
La relación de Benavides con Garrido-Lecca se dio a través de Hauyón, de acuerdo con fuentes de IDL-R. Este último los presentó durante el segundo gobierno aprista, periodo en que Garrido-Lecca ocupó los cargos de ministro de Salud y de Vivienda. Garrido-Lecca ha estado implicado en varios casos de corrupción: actuó como lobbysta de la empresa israelí de asesoramiento militar Global CST, que suscribió un contrato con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; apareció en la trama de corrupción y espionaje industrial del caso ‘Petroaudios’; y fue vinculado al caso de la desaparición de 41 mil documentos del archivo del Minsa.
La relación entre Hauyón y Garrido-Lecca es de larga data. El rastro más antiguo, de acuerdo con registros públicos, es de 1998, año en que el exministro actuó como apoderado de una compañía del abogado, Motif Etika SA, dedicada al rubro de turismo, restaurantes, casinos y tragamonedas.
El estudio de abogados de Hauyón ha defendido a Garrido-Lecca en varios casos. En 2013, por ejemplo, bajo el patrocinio del estudio, Garrido-Lecca demandó penal y civilmente –por 2 millones 600 mil soles– al fiscal José Domingo Pérez. ¿La razón? Pérez le había enviado un oficio a José Peláez Bardales, entonces fiscal de la nación, pidiéndole que reabra una investigación a Garrido-Lecca por el caso ‘Petroaudios’.
Un caso más reciente es la investigación que la fiscal Milagros Salazar, del Equipo Especial Lava Jato, sigue contra Garrido Lecca y otros apristas, por el aporte de Odebrecht a la campaña presidencial de García en 2006. En ese caso, Bryan Kabsther Berríos –abogado de Enma Benavides– patrocina a Garrido Lecca.
Garrido-Lecca y Hauyón comparten editorial. Ambos son autores de la editorial Planeta. El primero ha publicado nueve cuentos infantiles y juveniles; y Hauyón acaba de publicar una novela titulada ‘Cristo ha muerto’, que tiene como uno de sus personajes al Papa. Es curiosa la temática del libro, teniendo en cuenta que el estudio de Hauyón defiende al Sodalicio en la investigación por lavado de activos, en una de las fiscalías que hasta hace poco coordinaba Rafael Vela.
De acuerdo con registros públicos, Hernán Garrido-Lecca está vinculado a 20 sociedades y tres asociaciones. Ha sido socio de López Aliaga, actual alcalde de Lima, en la fundación de una subsidiaria de Acres (Asociación de Crédito Social), de acuerdo con una publicación de OjoPúblico.
En PBO, el canal digital de Phillip Butters, Garrido-Lecca tiene un programa llamado Altavoz.pe, lanzado en agosto de este año y que se emite todos los sábados. Butters ha sido uno de los defensores de Patricia Benavides, desde su programa Combutters, transmitido por Willax Televisión, cuyo dueño es Erasmo Wong, acusado de lavado de activos por la Fiscalía.
PRIMEROS AUXILIOS EN LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
En año y medio de gestión, la fiscal de la nación, hoy suspendida por seis meses, Patricia Benavides, ha causado grave daño a los equipos que investigan casos emblemáticos de corrupción y narcotráfico, al haber aplicado una razzia y designaciones determinadas por el grado de proximidad o sumisión. Por ello, el fiscal interino Pablo Sánchez necesita recomponer la junta de fiscales supremos para tener el quórum de tres miembros, y revertir el debilitamiento de investigaciones, acusaciones fiscales y apelaciones, entre otros problemas.
Este lunes, Sánchez tiene previsto transferir el interinato al fiscal supremo Juan Carlos Villena Campaña, el segundo en el orden de antigüedad.
La primera vez que un fiscal de la nación dejó el cargo al ser suspendido por seis meses fue el 30 de diciembre de 2014. Carlos Ramos Heredia estaba bajo cuatro investigaciones del Consejo Nacional de la Magistratura y fue reemplazado por Sánchez, el fiscal supremo de mayor antigüedad. Como ocurrió entonces, este jueves dispuso que el personal de seguridad restrinja el acceso de personal a varios pisos y verifiquen “que no lleven consigo documentación vinculada con investigaciones y/o documentos institucionales”. Los espacios restringidos son los despachos de la fiscalía de la nación y de sus asesores, el área especializada de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, y la de denuncias contra magistrados.
La secretaria general de la Fiscalía de la Nación, Fiorella Casique, comunicó la orden de Sánchez en un oficio dirigido al gerente de seguridad y defensa nacional, Edgar Peralta Lino, puesto en ese cargo por Benavides, por lo que algunos funcionarios temen que no resguarde debidamente los ambientes. Fuentes entendidas en el Ministerio Público indican que Peralta, previamente, fue hombre de confianza del exfiscal de la nación Pedro Chávarry; además, la década pasada se desempeñó como asesor de Sánchez.
Consultado el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva acerca de las prioridades en estos días, planteó que una medida urgente es responder la apelación que presentó la fiscal superior Marita Barreto, a quien Benavides removió de la coordinación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficop) horas antes de las diligencias de detención, allanamiento e incautación en las oficinas y casas de sus tres asesores. Barreto solicita desde el 28 de noviembre que la Junta de Fiscales Supremos decida sobre su caso y la reincorpore como coordinadora, pero Benavides no convocó a dicha sesión pese a que Sánchez y Villena se lo pidieron.
CAMBIAR A LOS CUESTIONADOS
“El que ejerza de fiscal de la nación tiene que definir quién va a ser coordinador de las fiscalías de lavado de activos [el cargo que ejercía el fiscal suspendido Rafael Vela, a quien Benavides reemplazó por Marena Mendoza]. La reincorporación de la fiscal titular [Delia Espinoza] es imprescindible: por allí tienen que empezar”, planteó el exfiscal supremo.
Espinoza fue desplazada por Benavides como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, pese a que ese puesto no estaba vacante. Desde el 22 de junio ha solicitado su incorporación a la Junta de Fiscales Supremos, pero se ha encontrado con una pared. El 17 de octubre en sesión de ese colegiado, Benavides y Sánchez votaron contra la reincorporación de Espinoza, mientras que el fiscal Villena estuvo a favor [dos contra uno].
En marzo de este año, el Congreso aprobó la ley 31718 que modificó las reglas aplicables a la conformación de la Junta de Fiscales Supremos y parece útil para quienes respaldan a los aliados que mantiene Benavides en el Ministerio Público. La norma indica que los fiscales provisionales pueden ocupar un lugar en el nivel superior inmediato en caso de vacancia, licencia o impedimento. Es decir, Sánchez y Villena podrían echar mano de un fiscal supremo provisional y baipasear a la fiscal Espinoza.
El jurista agrega que deben ser reemplazados los fiscales cuestionados, como el fiscal supremo provisional Uriel Terán, quien pidió el archivamiento de la investigación por supuesto cobro de coimas a la jueza Enma Benavides.
Este lunes 11 se realizará la audiencia en la que el juez supremo Juan Carlos Checkley decidirá si archiva el caso, como solicitó Terán, o si debe continuar.
Otro que merecería el cambio, refiere Cubas, es Franklin Tomy López, quien autorizó el viaje a Argentina del exconsejero del CNM Ivan Noguera, investigado por pertenecer a la red de corrupción ‘Cuellos Blancos’ que no ha vuelto en el plazo previsto. La noche del miércoles, un juez declaró reo contumaz a Noguera. “Esos cargos tienen que ser cubiertos por otros fiscales que cumplan los requisitos, e indudablemente deben traer de vuelta a la fiscal Magaly Quiroz porque se han desarticulado fiscalías que estaban viendo casos importantes y es necesario restablecer la normalidad del desarrollo de las investigaciones”, apunta.
Quiroz recibió el caso madre de ‘Cuellos Blancos’ con cinco carpetas fiscales y debido a su trabajo llegó a abrir 73. Benavides la sacó del despacho dos meses antes de que venza el plazo para terminar la investigación preparatoria.
También está pendiente de revisión la forma en que continuarán las investigaciones por muertes y lesiones graves cometidas por las fuerzas del orden en las protestas, entre diciembre y marzo. Benavides creó en abril un equipo especial en Lima, coordinado por la fiscal de especialidad en lo civil, Marena Mendoza. En las manifestaciones ciudadanas de esta semana en Lima y en Juliaca, los familiares de las víctimas reiteraron que las carpetas de esas indagaciones deberían volver a los distritos fiscales donde ocurrieron los hechos, para que ellos tengan acceso a la justicia y las investigaciones se cumplan con debido proceso.
EL SIGUIENTE INTERINO
El fiscal supremo Villena tiene casi tres décadas trabajando en el Ministerio Público: primero en Arequipa, y luego en Huancavelica, Cañete e Ica. Una fuente que lo conoció antes de su llegada a Lima en 2022 destaca el hecho de que fuera un magistrado que ha gestionado despacho. “Cuando (la Junta Nacional de Justicia) aprobó a Benavides y Villena, Sánchez prefería no asumir y Ávalos tampoco se presentaba porque había acumulado una gran cantidad de quejas y denuncias de la coalición gobernante. Ello dejaba con posibilidades solo a Delia Espinoza y a él”.
“Se mostró timorato: al parecer él no se ofreció, pero de inmediato dijo que la fiscal de la nación tenía que ser Benavides porque había obtenido primer lugar en la evaluación de la Junta Nacional de Justicia”, describe una fuente que estuvo al tanto de lo ocurrido en julio del año pasado.
Pasados algunos meses, las investigaciones periodísticas revelaron que los títulos académicos de Benavides fueron obtenidos de forma irregular, sus tesis de maestría y posgrado no aparecen y, una de las cuatro investigaciones que la fiscal congeló en la JNJ –gracias a una medida cautelar– se debe a esas irregularidades.
EXPERIENCIA PARA ESQUIVAR
El caso Petroaudios estalló el 5 de octubre de 2008 con la difusión de grabaciones de conversaciones telefónicas —producto del espionaje de la empresa Business Track— acerca de pactos bajo la mesa para entregar concesiones petroleras a la empresa noruega Discover Petroleum. En las llamadas chuponeadas intervenían dirigentes y abogados apristas, un director de PetroPerú y el empresario dominicano Fortunato Canaán. Del Castillo, que en ese tiempo era el presidente del Consejo de Ministros, se había reunido en varias ocasiones con Canaán en una suite del Country Club y renunció cinco días después. Cayó el gabinete y fue reemplazado por Yehude Simon.
La mayoría de conversaciones interceptadas eran entre el exministro del primer gobierno aprista Rómulo León —que actuaba como lobbysta de Discover Petroleum— y el director de PetroPerú Alberto Químper, quien también fue asesor tributario de Alan García. Sin embargo, a partir de ellas se conoció que Canaán le pidió ayuda para obtener una cita con el entonces presidente García, para tratar acerca de la concesión de obras de construcción de hospitales. Del Castillo dijo años después a la Comisión Investigadora de interferencia política en el caso BTR que presidió el congresista Sergio Tejada que él no agendó dicha reunión. La comisión investigadora concluyó que, Del Castillo, la entonces fiscal de la nación Gladys Echaíz y el general PNP Miguel Hidalgo actuaron como una “organización delictiva” para impedir que se conozca la responsabilidad de funcionarios públicos en la colusión para favorecer a empresas privadas. Entre los hechos, apartaron de la investigación a una persona que reconoció su responsabilidad en delitos y que se ofreció a ser colaborador eficaz. La congresista Echaíz ha sido, de acuerdo con las investigaciones del Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, parte de las componendas políticas ilegales para que Benavides continuara en el cargo y se deshiciera de sus adversarios.
El informe de la comisión parlamentaria también indica que el entonces canciller José Antonio García Belaúnde gestionó puestos de trabajo en el Consulado de Perú en Patterson y en Nueva York, Estados Unidos, para las dos personas que conocían de las llamadas telefónicas que mencionaban a Del Castillo y que podían haber actuado como colaboradores eficaces en la investigación fiscal. Antes de viajar a Estados Unidos, Del Castillo actuó como padrino de bodas de uno de ellos. En las recomendaciones del informe de la comisión investigadora, una estuvo dedicada puntualmente a la exfiscal de la nación Echaíz.
Otra trama de los ‘Petroaudios’ involucró al actual abogado de Benavides en una negociación opaca con el entonces dueño de la empresa petrolera Monterrico, Julio Vera Gutiérrez. Siendo congresista, en 2008, Del Castillo pidió a otro parlamentario aprista –José Carrasco Távara– que presente un proyecto de ley para la reducción de regalías mineras. Diez días después, Del Castillo firmó un contrato de compra-venta y permuta de inmuebles: se hizo de una lujosa propiedad en el Golf de San Isidro a cambio de un departamento en Surco. En una de las llamadas interceptadas, Químper conversa con el entonces presidente de PetroPerú, a quien le pide –por encargo del primer ministro– apurar lo de la petrolera Monterrico.
Acerca de los narcoindultos, durante su segundo mandato, García concedió el perdón a 3.279 presos condenados por narcotráfico, quienes a cambio pagaron sobornos a funcionarios públicos de ese gobierno. Uno de los exreos que declaró incriminando al presidente, Carlos Butrón dos Santos, conocido con el apodo de ‘Brasil’, cambió su testimonio debido a presiones de militantes del Apra enviados por Del Castillo. IDL-R publicó audios y documentos en los que el abogado y excongresista explicaba que, para cambiar la versión, Dos Santos pedía defensa legal para que anulen la orden de captura en su contra, y ayuda para que fueran voceros de él.
EL CASO DE LA ASESORA DE CASTILLO
El exprimer ministro aprista además fue denunciado por peculado, falsedad genérica y falsedad ideológica, debido a que seguía pagando la remuneración por varios meses a una asesora entre 2018 y 2019, pese a que ella había viajado a España a estudiar. Así como en el caso de la fiscal Benavides, Echaíz y Del Castillo cuestionaron que no había pruebas de que las capturas de pantalla de las conversaciones de Jaime Villanueva fueran reales, y que no había una cadena de custodia del teléfono de Villanueva, argumentaron lo mismo en el caso de la asesora.
Según un informe de la Contraloría, la asesora Dianne Monge recibió 17.500 soles irregularmente.
En febrero de 2020, el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca negó el pedido de Del Castillo de excluir de la carpeta fiscal los audios de sus conversaciones con la extrabajadora del Congreso. Cuando volvió de Europa, en diciembre de 2019, la asesora se presentó voluntariamente a la fiscalía, señaló que había recibido amenazas y entregó audios e imágenes voluntariamente a la Fiscalía, sin que mediara una citación, por lo tanto, no había irregularidad en el uso de esos materiales, consideró el juez, en oposición a lo planteado por Del Castillo.
La entonces fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional al Congreso contra Del Castillo por este caso. En julio de 2021, la votación de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales quedó en empate seis a favor y seis en contra, con cuatro abstenciones, pero el líder aprista tuvo el apoyo del congresista Otto Guibovich, quien votó a última hora en contra. Así archivaron la denuncia constitucional en el Parlamento. (IDL Reporteros)