Un informe de la Oficina de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Puno ha desatado un nuevo escándalo. El Informe de Control Posterior n.º 019-2025-2-0670 revela presuntas irregularidades en la entrega de incentivos económicos al personal de salud por el cumplimiento de metas institucionales en el año 2019, con un perjuicio económico al Estado que asciende a S/ 531,953.00 soles.
De acuerdo con el documento, se asignó un presupuesto de S/ 1,128,697.00 soles para el personal del Hospital Carlos Monge Medrano. Sin embargo, el beneficio fue extendido a personal adscrito a la Red de Salud San Román, sin que varios de ellos acreditaran haber prestado servicios durante el período evaluado.
Asimismo, la OCI detectó el pago del saldo presupuestal sin la debida autorización ni sustento técnico, lo que generó el millonario perjuicio económico. Ante estos hechos, el informe recomienda al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción iniciar acciones penales contra los funcionarios comprendidos en los hechos irregulares.
Los servidores públicos identificados en el informe con presunta responsabilidad administrativa y penal son: William Alfredo Cáceres Barriga, Ricardo Arizaca Condori, Glenys Mariela Ito Ruelas, Carlos Ruelas Colquehuanca, Godo Javier Mamani Vásquez, Jorge Enrique Sotomayor Perales, Yolanda Apaza Zela y Leonardo Mauricio Larico Vilca. Este caso subraya la necesidad de una fiscalización rigurosa en la administración de los recursos públicos en el sector salud.
(E.C)