Tras la serie de hechos que se han venido dando al interior de la UANCV, se ha descuidado la parte legal, en cuyas manos está el futuro de la Universidad tornándose un panorama sombrío para su futuro, advierte Juan Echenique Cáceres. El letrado señala, “desde que se denegó el licenciamiento a la universidad, se inició un proceso contencioso-administrativo. En una primera instancia, el juez emitió una sentencia favorable a la universidad, declarando nula la resolución que le retiraba el licenciamiento. Esto generó expectativas e interpretaciones —incluso se llegó a decir que la universidad podía convocar a concurso público y seguir funcionando— aunque eso representaba un riesgo, ya que la situación aún no estaba resuelta de manera definitiva.
Tras la apelación de las partes la Sala Civil de Apelaciones asumió el caso y recientemente emitió una sentencia de vista, en la que concluye que la sentencia del juez de primera instancia es nula. La sala señala que el fallo fue emitido de manera incorrecta y le ordena al juez emitir una nueva sentencia que se ajuste a derecho. En consecuencia, el expediente ha sido devuelto al juzgado de origen para que se dicte una nueva resolución conforme al marco legal.
Sobre el futuro, Echenique refiere, “esto es impredecible, porque los jueces generalmente se toman el tiempo que quieren. La ley puede establecer 5, 10 o incluso 50 días para resolver una petición dependiendo del tipo de proceso judicial, pero lamentablemente, debido a la carga procesal, los jueces no emiten sentencias dentro del plazo legal. En la práctica, podríamos esperar incluso un año o año y medio para que se emita la sentencia nuevamente en el juzgado.
Después de eso, lo más probable es que la parte que no esté conforme presente una apelación, y eventualmente el caso podría llegar hasta la Corte Suprema mediante un recurso de casación. Es decir, este proceso aún tiene para largo. Esto también refleja la incapacidad de quienes gestionaron el licenciamiento. Basta con observar cómo se le dio todo el poder a una sola persona que actuaba como apoderado y «rector encargado». Esta persona concentró todo el poder económico, administrativo y académico, lo cual va en contra del espíritu y la estructura establecida por la Ley Universitaria.
