«La muerte de nuestros hermanos el 9 de enero de 2023, as de absoluta responsabilidad de la Presidente Dina Boluarte, por las dimensiones, tanto, históricas como legales, vinculadas al respeto de los derechos humanos y a la responsabilidad de los mandatarios en su cumplimiento. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), adoptada el 10 de diciembre de 1948, marcó un hito al establecer principios universales que todos los Estados deben respetar, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad», asi lo reafirmó el abogado César Quispe Calsín, defensor de las víctimas del 9 de enero..
En el caso del Perú, los eventos ocurridos en enero de 2023 y en años anteriores, como los de Ayacucho, Apurímac o Pichanaki, han sido analizados en el marco de esos principios. La Constitución peruana establece que el Presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (artículo 167), lo que significa que tiene una responsabilidad directa en la dirección y supervisión de estas instituciones.
César Quispe señala que “el hecho de que haya 150 tomos en la Fiscalía, junto con una denuncia constitucional presentada al Congreso, refleja la seriedad de las acusaciones. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá investigar si Dina Boluarte o cualquier otro alto funcionario incumplió los principios constitucionales o violó los derechos humanos. De comprobarse, podría dar lugar a consecuencias legales, incluso al nivel de responsabilidades penales o políticas”.
Se mencionan delitos como homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, imputados bajo la figura de «comisión por omisión», un concepto jurídico que aplica cuando alguien tenía el deber legal y la capacidad de evitar un acto ilícito, pero no lo hizo. Además, se señala que se busca añadir cargos relacionados con la tortura de un individuo específico, identificado como el hermano Manuel Quilla Ticona.
Por otro lado, en relación a las agresiones verbales formuladas por el ex presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume Fortini, Quispe Calsín señaló que «será denunciado por instigador, vamos a sostener una reunión con la organización nacional para tomar una decisión final por qué no podemos quedarnos de brazos cruzados».(FB)