El abogado César Quispe Calsín denunció una campaña de amedrentamiento y persecución política por parte del Estado, tras conocerse la denuncia penal interpuesta por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público contra diversos líderes políticos, activistas y periodistas. Según el jurista, estas acciones representan un uso autoritario del aparato estatal destinado a silenciar a quienes no coinciden con el gobierno entrante.
Quispe Calsín señaló que estas prácticas de hostigamiento no son exclusivas del Perú, sino que se replican en gran parte de Latinoamérica como un ataque directo a la libertad de expresión. Enfatizó que el derecho a la información, opinión y difusión del pensamiento está plenamente garantizado por el Artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política.
«El hecho de utilizar al Estado para amedrentar frente a un derecho constitucional es una actitud dictatorial que se ha agudizado desde el 7 de diciembre de 2022», sentenció el abogado. Ante este escenario, recomendó a los denunciados (entre los que figuran Antauro Humala, Hernando Ceballos, Claudia Cisneros, Cesar Tito Rojas, Lucio Ccallo Callata y otros) proceder legalmente contra la Procuraduría por el mal uso de la infraestructura y recursos estatales.
El especialista advirtió que el panorama actual guarda similitudes preocupantes con la década de los 90, evocando episodios de persecución como el «Plan Bermuda» contra César Hildebrandt y los ataques sufridos por Mariella Barreto y Gustavo Gorriti. Quispe Calsín calificó la situación como una «cacería de brujas» influenciada por una doctrina externa aplicada en varios países de la región.
Asimismo, cuestionó la falta de imparcialidad en organismos como el Ministerio Público y la Procuraduría, sugiriendo que estas entidades han sido capturadas para servir a intereses políticos específicos.
Frente a este panorama, el abogado instó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a no ceder ante el miedo y a empoderarse en la defensa de sus derechos. Resaltó que, a diferencia de los años 90, actualmente las redes sociales y plataformas digitales permiten a las regiones y medios alternativos confrontar y derrotar las narrativas oficiales con argumentos sólidos.
Como ejemplo de esta posibilidad de victoria legal y narrativa, mencionó el caso de los militares recientemente procesados con prisión preventiva por la muerte de jóvenes en 2022 y 2023, lo cual demuestra que el sustento constitucional y los tratados internacionales son herramientas eficaces contra la arbitrariedad. «Hay que seguir resistiendo porque las personas buenas somos más», concluyó el letrado.
(E.C)