El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra tres jóvenes investigados por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y tenencia ilegal de armas compartida, tras acoger el requerimiento presentado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno.

La medida coercitiva fue solicitada por la fiscal adjunta provincial penal Trinidad Carolina Ramos Cordero y alcanza a Ángelo Quispe N. (19), Bel Báez Quispe O. (20) y Brayan Hancco R. (18). Según la investigación fiscal, Ángelo Quispe N. es investigado como presunto autor del delito de robo agravado en agravio de dos conductores de servicio de taxi, mientras que los tres intervenidos afrontan investigación como presuntos coautores del delito de tenencia ilegal de armas compartida, en agravio del Estado Peruano.

De acuerdo con las diligencias preliminares, los hechos se habrían registrado la noche del 27 de junio de 2026, cuando Ángelo Quispe N. presuntamente abordó, por separado, dos unidades de taxi que circulaban por la carretera Puno–Juliaca. En ambos casos, habría amenazado a los conductores con un arma de fuego e incluso realizado disparos para despojarlos de dinero en efectivo, teléfonos celulares y, en uno de los asaltos, del propio vehículo de la víctima.

La investigación permitió que efectivos de la Policía Nacional del Perú localizaran el automóvil robado mediante el rastreo GPS de uno de los celulares sustraídos. El vehículo fue ubicado en el distrito de Paucarcolla, donde se intervino a los tres investigados.

Durante el registro vehicular, los agentes hallaron un revólver marca Taurus calibre .38 abastecido con municiones, además de teléfonos celulares y otros objetos que habrían sido reconocidos por las víctimas como parte de los bienes sustraídos durante los asaltos.

El Ministerio Público sostiene que el arma de fuego encontrada en la gaveta del vehículo se encontraba al alcance y disposición de los tres ocupantes, quienes presuntamente conocían de su existencia y disponibilidad. Por este motivo, los tres son investigados como presuntos coautores del delito de tenencia ilegal de armas compartida.

Tras evaluar los graves y fundados elementos de convicción presentados por la Fiscalía, el Poder Judicial declaró fundado el pedido de prisión preventiva por el plazo de nueve meses, medida que busca asegurar el normal desarrollo de la investigación y garantizar la presencia de los investigados durante el proceso penal.

R.C.M.

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