En el vigésimo aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicó documentos desclasificados sobre el conflicto armado interno en el Perú, los mismos que detallan graves violaciones de derechos humanos de los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori, y de las huestes de Sendero Luminoso.
Los cables e informes de inteligencia detallan la brutal estrategia contrainsurgente del Gobierno peruano de “no tomar prisioneros” y los esfuerzos que desplegó para proteger de la justicia a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de atentar contra derechos fundamentales.
Entre los registros difundidos se encuentra un informe de inteligencia del Departamento de Estado norteamericano, de mayo de 1988, donde se anota que el primer ministro peruano Armando Villanueva había dicho a altos oficiales militares “que no le importaba si los militares ejecutaban a todos los guerrilleros de Sendero Luminoso (SL) que capturaban” siempre y cuando lo hicieran “discretamente”. También les aseguró que cualquier intento de investigar una reciente masacre de campesinos en Ayacucho “sería inmediatamente derrotado”.
Encubrimiento oficial
El documento 4 de la Agencia de Inteligencia de Defensa de EE.UU, del 25 de mayo de 1988, titulado “Violaciones de los derechos humanos del ejército” indica que el recién instalado primer ministro del APRA, Armando Villanueva, podría estar adoptando una nueva política para desalentar un golpe militar y “satisfacer las demandas de esfuerzos contrainsurgencia más fuertes”.
Refiere que después de reunirse con oficiales militares de alto nivel, incluido el ministro de Defensa, Enrique López Albújar, Villanueva redactó un comunicado respaldando la versión del Ejército de que no había ocurrido una masacre en Cayara, Ayacucho.
En este documento se menciona que Villanueva “al parecer comentó que no le importaba si el Ejército ejecutaba a todos los guerrilleros de Sendero Luminoso (SL) que capturaba, siempre y cuando dichas ejecuciones se llevaran a cabo discretamente”, al tiempo que prometió a los militares que cualquier investigación de la oposición sobre Cayara “sería inmediatamente derrotada”.
En el documento 6, que es un cable del 29 de noviembre de 1988 sobre una visita a Ayacucho del 17 al 19 de noviembre de ese año, el consejero político de la Embajada de Estados Unidos relata que las condiciones económicas, políticas y de derechos humanos se han deteriorado enormemente desde la última visita realizada en marzo, según entrevistas con funcionarios militares, policiales, gubernamentales, eclesiásticos, sindicales y universitarios.
Con Fujimori se dieron los peores casos
Documentos desclasificados también señalan que los peores casos de violación de derechos humanos ocurrieron al comienzo del régimen de Alberto Fujimori. Una evaluación del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) de 1994 describió la “Operación Aries” en la selva de Perú, citando relatos de testigos sobre helicópteros del Ejército ametrallando aldeas. Menciona, además, que los militares que intentaron exponer las masacres de La Cantuta y Barrios Altos enfrentaron peligrosas repercusiones.
“… Villanueva redactó un comunicado que declaraba que no hubo una masacre del Ejército en Ayacucho sino un enfrentamiento con rebeldes”.
“Los hechos atestiguados por Carlos Enrique Escobar en su declaración y en la solicitud de asilo del FORMULARIO I-598 de la OMB son correctos”.
La clave
Narcotráfico. Se señala que en este periodo se vio creciente corrupción en torno al tráfico de drogas en el Huallaga, lo que complicó más el conflicto. Un informe de 1989 incluye el asesinato de 10 policías en Uchiza por SL aliado con narcos colombianos. Las víctimas habían “aceptado sobornos de los traficantes, pero no les brindaron la protección prometida”.
El dato
Cayara: pobladores de esta comunidad ayacuchana fueron asesinados en mayo de 1988 por efectivos del Ejército como respuesta de un atentado terrorista contra un convoy militar. (LaRepública)