En un ámplio diálogo la ex parlamentaria de izquierda Indira Huillca, reflexionó sobre aprobación del congreso a través de la Comisión Peramanente para restituir firma de Fujimori en la constitución del 93, señalando que cambiar o quitar el nombre de Alberto Fujimori de ciertos documentos, especialmente aquellos relacionados con la Constitución de 1993, puede tener un carácter simbólico, pero no necesariamente borra la memoria histórica de su figura o del contexto en el que esa constitución fue promulgada.
Es cierto que después de más de 30 años, la Constitución de 1993 sigue siendo cuestionada en cuanto a su legitimidad de origen, en gran parte debido al contexto de su promulgación bajo un gobierno de facto. Sin embargo, quitar el nombre del documento no soluciona ese problema estructural ni borra los crímenes por los cuales Fujimori fue condenado. Más bien, podría percibirse como un gesto insuficiente para quienes buscan justicia plena o cambios más profundos en el sistema político.
Respecto al tema de la masacre del 9 de enero, Indira Huillca, refiere, “para las víctimas y sus familiares, mantener viva la memoria de esa época no solo es un derecho, sino una necesidad para evitar la repetición de errores históricos y para garantizar que las lecciones de esa etapa sirvan de advertencia. Esto incluye recordar tanto los logros como las sombras del legado de Fujimori«. Estas decisiones simbólicas pueden tener cierto peso en la narrativa política, pero el desafío real es mantener una memoria histórica activa y crítica, promoviendo un debate amplio sobre el legado de esa etapa y sus consecuencias en el presente.
En su participación Indira Huillca, ensaya un somero análisis de la situación política de nuestro país y expresa una percepción crítica hacia el gobierno de Dina Boluarte y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en el Perú. El hecho de que no se haya intentado vacar a Boluarte, como ocurrió con Pedro Castillo, podría interpretarse desde diversas perspectivas políticas.
Las denuncias sobre la gestión de sectores clave, como salud, agricultura y programas sociales, evidencian problemas de gobernabilidad y posible negligencia. Sin embargo, la falta de acciones como censuras ministeriales podría interpretarse como un síntoma de complicidad o intereses compartidos con el Congreso.