Una diligencia de desalojo programada en la urbanización Jorge Chávez fue suspendida la mañana de este jueves, tras momentos de tensión protagonizados por una adulta mayor que se resistió a abandonar el inmueble donde reside desde hace más de cuatro décadas. El caso ha puesto en evidencia un conflicto familiar de larga data que involucra la propiedad de una vivienda y el bienestar de tres menores de edad.
El hecho ocurrió en el jirón Parinacochas cuadra 6, en el sector de la urbanización ampliación Jorge Chávez, hasta donde llegó un contingente de la Policía Nacional para ejecutar una orden judicial de lanzamiento en la vivienda signada con el número 635. Sin embargo, la intervención no se concretó y fue suspendida, aparentemente por falta de garantías, en medio de reclamos y escenas de angustia.
La protagonista del hecho, Ermelinda Pérez Mamani, aseguró que ha vivido en el predio por más de 45 años, cuando la zona aún era una estancia. Según relató, el terreno fue cedido a su hijo, Wilfredo Larico Pérez, quien construyó la vivienda con esfuerzo propio. Tras el fallecimiento de este, hace cuatro años, la propiedad quedó legalmente bajo la titularidad de su expareja y madre de sus hijos, Ester Cruz.
La adulta mayor cuestiona las condiciones en las que se habría transferido la propiedad y sostiene que su principal preocupación es el futuro de sus tres nietos —de 15, 13 y 8 años—, quienes quedaron en situación de orfandad paterna. En ese sentido, expresó su temor ante una eventual venta del inmueble y pidió que este sea asegurado a favor de los menores.
“Yo no peleo por mí, sino por mis nietos”, manifestó entre lágrimas, solicitando la intervención de las autoridades para garantizar que los niños no queden desprotegidos y puedan conservar el bien hasta alcanzar la mayoría de edad.
Hasta el momento, la contraparte no ha emitido declaraciones públicas respecto a las acusaciones. No obstante, el proceso judicial de desalojo continúa en curso, por lo que no se descarta una nueva diligencia en los próximos días.
El caso ha generado preocupación entre los vecinos del sector, quienes expresaron su respaldo a la adulta mayor y pidieron a las autoridades competentes evaluar la situación con enfoque social, considerando la presencia de menores involucrados.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste en torno al destino del inmueble y las condiciones en que quedarán los niños, en un escenario donde lo legal y lo humano se entrelazan de forma compleja.