Las normas 32181 y 32182 están diseñadas para abordar y regular aspectos relacionados con la protección a la Policía Nacional del Perú (PNP), pero tienen un impacto significativo en el contexto de las protestas sociales, expresó el John Torres Roselló.
Estas regulaciones tienen repercusiones directas sobre el manejo de las protestas sociales pasadas, presentes y futuras. Las investigaciones en curso, así como los casos de prisión preventiva relacionados con actos violentos o disturbios, podrían verse influenciados por las disposiciones de estas normas.
Además, expresó que «las nuevas disposiciones podrían modificar la dinámica entre la PNP y los manifestantes, ya sea reforzando la autoridad policial o restringiendo ciertas acciones y buscan garantizar la protección física y legal de los agentes policiales durante el desempeño de sus funciones, especialmente en situaciones de alto riesgo como las protestas».
Torres Roselló, añadió que «la normativa busca brindar una protección especial a los policías en el ejercicio de sus funciones, específicamente en casos donde hagan uso de su arma reglamentaria y esto resulte en heridos o fallecidos, por ejemplo, en situaciones de persecución o enfrentamiento con delincuentes».
Con la prohibición de detención preliminar o prisión preventiva, se establece que los fiscales no podrán solicitar, ni los jueces podrán autorizar, medidas como la detención preliminar o prisión preventiva contra policías que hayan actuado en cumplimiento de su deber. Si un fiscal solicita estas medidas o un juez las concede, incurrirían en una infracción administrativa dentro de sus respectivas carreras, lo que conlleva una pena de hasta 8 años de prisión.
Finalmente, el profesional señaló que, «en términos simples, la detención preliminar se utiliza como una medida urgente para recolectar pruebas importantes que el fiscal necesita en el menor tiempo posible».
Esta acción permite consolidar los elementos necesarios para luego decidir si se solicita una prisión preventiva, que ya es una medida más prolongada. Cada caso debe analizarse cuidadosamente, ya que implica una discusión entre el fiscal y el juez, quienes también enfrentan presión para aplicar la ley correctamente.(FB)