El abogado de las víctimas de las protestas del 9 de enero en la región Puno, César Quispe Calsín, sostuvo que en el gobierno de Keiko Fujimori debería iniciar su gestión con un pedido de perdón a las víctimas de las protestas de 2022 y 2023, así como con el cumplimiento de las reparaciones recomendadas por organismos internacionales de derechos humanos.
Quispe señaló que, debido a los antecedentes políticos del fujimorismo y al respaldo que, según afirmó, su bancada brindó al gobierno de Dina Boluarte durante las protestas, existe incertidumbre sobre las decisiones que podría adoptar en la administración encabezada por Fujimori. Sin embargo, consideró que un acto de reconocimiento y disculpas en nombre del Estado peruano representaría un primer paso para reconstruir la relación con el sur del país.
El abogado recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han emitido recomendaciones sobre la reparación de las víctimas y afirmó que existen antecedentes internacionales de gobiernos que pidieron perdón por violaciones a los derechos humanos, citando los casos de Chile tras la dictadura de Augusto Pinochet, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Nigeria y Francia.
Según indicó, además del pedido de disculpas, el nuevo gobierno debería garantizar reparaciones integrales para los deudos, sancionar a los responsables de las muertes ocurridas durante las protestas y establecer políticas que permitan abrir un proceso de diálogo con las regiones del sur.
Quispe también cuestionó las propuestas relacionadas con una eventual militarización de la región Puno. A su juicio, este tipo de planteamientos no son compatibles con un sistema democrático y dificultarían cualquier posibilidad de consenso para impulsar el desarrollo nacional.
En otro momento, criticó la postura asumida por los alcaldes de Puno, Javier Ponce Roque, y de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez, quienes anunciaron que recibirán a Keiko Fujimori durante su visita a la región. El abogado consideró que las autoridades locales debieron aprovechar ese encuentro para plantear demandas concretas, como el avance de proyectos de agua y saneamiento para Juliaca, en lugar de limitarse a actos protocolares.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y a los colegios profesionales para fortalecer la organización social y participar activamente en la construcción de una agenda nacional de desarrollo. Asimismo, sostuvo que el mensaje presidencial del próximo 28 de julio debería plantear un horizonte claro para el país, con énfasis en la industrialización de los recursos estratégicos y la atención de problemas estructurales como la pobreza y la desnutrición.