El dirigente Eduardo Suni, miembro del comité de vigilancia del proyecto de agua y alcantarillado, lanzó duras críticas contra el alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, y su homólogo de Juliaca, Óscar Cáceres, tras su reciente acercamiento político con Keiko Fujimori. Suni calificó de «falta de respeto a la dignidad humana» que las autoridades utilicen supuestas reivindicaciones de proyectos para acercarse al fujimorismo, ignorando el sentir de las familias de las víctimas de los hechos ocurridos en enero del 2023.
Para el dirigente, los alcaldes no tienen la «legalidad ni legitimidad» necesaria para hablar en nombre de la población en este contexto político. Suni cuestionó que las autoridades busquen ahora «reivindicar proyectos» cuando su gestión ya está de salida, señalando que muchas de las propuestas presentadas son solo «ideas» que carecen de expedientes técnicos aprobados o fuentes de financiamiento claras.
Asimismo, enfatizó que antes de buscar diálogos políticos, los alcaldes deberían haber mostrado una postura coherente rechazando las denominadas “leyes pro-crimen” aprobadas en el Congreso de la República. Sobre la posible llegada de Keiko Fujimori a la región, Suni expresó su desacuerdo personal y señaló que cualquier decisión sobre aceptarla o no debe pasar por una consulta orgánica con la sociedad civil.
Más allá de la crítica política, Suni denunció que la Municipalidad Provincial de Puno no está cumpliendo con los compromisos técnicos del Convenio 25, un ambicioso proyecto de saneamiento valorado en más de 950 millones de soles y financiado por el Banco Mundial. Según el dirigente, el municipio tiene pendiente cerrar un proyecto en la zona norte antes de fines de julio y no ha iniciado los trabajos en el centro histórico de la ciudad.
El dirigente alertó sobre la urgencia de estas obras, recordando que la población de Puno consume agua que no cumple con los estándares de calidad, presentando niveles de sulfatos, cloruros e incluso arsénico que superan los límites permitidos.
Finalmente, Eduardo Suni recalcó que para gestionar proyectos de esta magnitud no basta con tener tiempo, sino que se requiere capacidad técnica para no ser sorprendidos por los funcionarios del Ministerio de Vivienda. Advirtió que el incumplimiento de los compromisos municipales podría poner en riesgo la licitación internacional del proyecto, afectando a más de 150,000 habitantes que padecen por la falta de un servicio de agua óptimo.
(E.C)