La presidenta Dina Boluarte no solo rechazó las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas sociales en el Perú respecto a posibles violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales. También ha marcado distancia en cuanto a su responsabilidad política y penal sobre estos hechos.
Al respecto Exautoridades del Mindef sostienen que la presidenta Boluarte no puede alegar desconocimiento de los operativos militares porque ellos están obligados a elevar información. Consideran que sus declaraciones son argumentos de defensa, ya que se sabe implicada. (LR)
R.G.Q