La situación de la red vial en la región Puno ha alcanzado niveles críticos, siendo calificada por los propios usuarios como un «desastre» y comparada incluso con zonas de guerra. Mientras la temporada de lluvias azota la región, la respuesta de las autoridades parece atrapada en un laberinto de competencias administrativas y procesos legales que dejan a miles de ciudadanos aislados o en riesgo constante.
Una de las críticas más severas recae sobre la fragmentación de responsabilidades. Beto Portillo, director regional de Transportes, ha señalado que los tramos en peor estado, como Putina-Muñani-Arapa, Pucará-Azángaro y Huatasani-Inchupalla, no dependen de su despacho, sino de Provías Nacional a través del programa ProRegión. Según Portillo, gestiones regionales anteriores «otorgaron» estas vías al gobierno central, y hoy el mantenimiento es nulo debido a la lentitud de los procesos de licitación nacionales.
Esta situación evidencia un centralismo ineficiente, mientras las carreteras departamentales bajo administración regional cuentan con un presupuesto de 22 millones de soles y se reportan como «transitables», aquellas en manos de la Nación presentan huecos profundos y son prácticamente intransitables.
El panorama es aún más desalentador para sectores específicos. Portillo reveló que el denominado «paquete dos» de carreteras (que incluye tramos vitales en Putina y Huatasani) se encuentra bajo una medida cautelar, lo que legalmente impide cualquier tipo de intervención de mantenimiento durante este año. Esta parálisis administrativa condena a los transportistas a transitar por rutas que parecen haber sufrido un bombardeo, sin que exista una solución inmediata a la vista.
Deficiencias en la gestión regional: A pesar de que el director regional defiende su gestión, también existen grietas en la administración local:
• Licitaciones desiertas: En zonas como Huancané y Ñuñoa, no se pudo otorgar la «buena pro» a empresas para el mantenimiento rutinario debido a que los postores no cumplieron con los requisitos, dejando tramos sin atención oportuna.
• Mantenimiento insuficiente en la selva: En la ruta Sina-Yanahuaya, a pesar de los esfuerzos, los constantes deslizamientos y la falta de conclusión de infraestructuras clave como el puente Hancarani mantienen la transitabilidad en vilo.
• Falta de fiscalización: Se ha denunciado que tramos recientemente intervenidos en Huancané-Vilquechico ya presentan daños, lo que sugiere una ejecución deficiente que las empresas contratistas deberían corregir bajo supervisión de la Dirección Regional.
La provincia de Sandia y las zonas de selva son las más castigadas por este abandono. La falta de un ordenamiento claro en la categorización de las carreteras genera confusión y desesperación en la población, que no sabe a qué entidad reclamar mientras sus vehículos quedan atrapados en el lodo. En conclusión, la crisis vial en Puno no es solo un problema de clima, sino una falla estructural de gestión y un centralismo que ignora las necesidades de las provincias más alejadas, dejando a la región con carreteras que, a 200 años de la República, siguen siendo una deuda histórica.
(E.C)