Un interesante análisis realizó en La Decana, el fiscal José Domingo Pérez, sancionado recientemente por su intervención en el caso Cócteles que involucraba a Keiko Fujimori y cuyo proceso será sumario y en 5 días será sancionado, lo que resulta sorprendente.
José Domingo Pérez, informó que afronta una nueva investigación disciplinaria iniciada de oficio, es decir, sin denuncia ni queja previa, por decisión de la autoridad disciplinaria del Ministerio Público. El proceso es conducido por la Fiscalía en el marco de una gestión anterior, y se desarrolla bajo la modalidad sumaria, lo que implica plazos breves.
Según explicó, «se le atribuye una presunta falta muy grave por las alegaciones realizadas durante la audiencia del caso Cócteles, las cuales buscaban que el proceso no sea archivado. La autoridad disciplinaria considera que ello habría significado un intento de influir indebidamente en la decisión judicial, situación que el fiscal rechaza y califica como una represalia que mantiene su apartamiento del cargo.»
El sancionado Fiscal precisó que mientras continúan las investigaciones contra diversos personajes políticos por presuntos aportes irregulares para campañas electorales, se cuestiona que el único caso archivado sea el de Keiko Fujimori. Llama la atención que, de un total de 44 acusados, todos hayan sido excluidos del proceso, salvo su exesposo.
Para el entendimiento de la población, resulta incomprensible que un juez determine que no existen delitos de lavado de activos ni organización criminal para decenas de personas. Sin embargo, sí se mantenga la investigación contra una sola persona por hechos similares, lo que evidenciaría una forma desigual y cuestionable de administrar justicia en el país.
Preguntado sobre la grave situación de inseguridad que se vive en Juliaca y en otras ciudades del país, José Domingo Pérez, advierte una clara responsabilidad en las leyes aprobadas por el Congreso de la República. Ni la Policía, ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial elaboran las leyes; estas provienen del Parlamento, y muchas de ellas han debilitado la lucha contra el crimen.
Sostuvo que «en los medios de la capital, las opiniones sobre estas normas suelen provenir de abogados que defienden a investigados de “saco y corbata”, quienes se benefician de un sistema que limita la acción fiscal. Como resultado, la Fiscalía ve reducida su capacidad operativa, mientras los ciudadanos viven con temor a extorsiones, sicariato y delincuencia, reflejo del grave rumbo al que ha sido conducida la seguridad ciudadana en el país por el pacto mafioso que nos gobierna».
FB