El expresidente de la Central de Barrios de Juliaca, Orlando Fernández Sejje, presentó un documento ante la Municipalidad Provincial de San Román, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Defensoría del Pueblo para solicitar una intervención conjunta en los cementerios privados de la ciudad, debido a presuntas irregularidades en su funcionamiento y al incumplimiento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios.
Fernández recordó que hace varias semanas denunció públicamente que estos camposantos no cumplirían con los permisos ni con las condiciones técnicas exigidas por la normativa vigente. Sin embargo, aseguró que hasta la fecha las autoridades competentes no habrían realizado acciones de fiscalización.
Según explicó, el documento fue presentado el último viernes con el objetivo de que las instituciones coordinen una inspección integral para verificar la situación legal y sanitaria de los cementerios privados.
El exdirigente afirmó que, de acuerdo con las investigaciones realizadas por su organización, ninguno de estos establecimientos contaría con licencia de funcionamiento, certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) ni con las autorizaciones correspondientes del sector Salud. Asimismo, señaló que estas condiciones representarían un riesgo para la salud pública, debido a que varios cementerios se encuentran ubicados en zonas urbanas donde la población consume agua proveniente del subsuelo.
Como ejemplo, mencionó los sectores de Chilla, Los Ángeles, Jardín del Altiplano, Gloria Eterna e Iscuri, donde, según indicó, muchas viviendas no cuentan con redes de agua y desagüe, por lo que dependen de pozos o fuentes subterráneas. En ese sentido, sostuvo que los cementerios deberían contar con infraestructura adecuada, como geomembranas y sistemas de aislamiento, para evitar posibles filtraciones.
Fernández también cuestionó las condiciones de seguridad del cementerio Iscuri, en el distrito de San Miguel, señalando que carecería de muro de contención y alumbrado, situación que habría favorecido la ocurrencia de asaltos en la zona.
Respecto a la Beneficencia Pública, precisó que su principal preocupación está centrada en los cementerios privados, aunque consideró que las autoridades también deberían verificar que los camposantos administrados por dicha institución cumplan con toda la normativa vigente.
Otro aspecto que cuestionó fue la presunta informalidad urbanística de algunos cementerios, indicando que varios no estarían considerados en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), carecerían de habilitación urbana y, en algunos casos, incluso afectarían vías públicas.
Asimismo, expresó preocupación por el aspecto tributario y administrativo de estos establecimientos. Indicó que, según la información que recogió, algunos solo entregarían recibos simples por los pagos efectuados, pese a que los costos por un espacio funerario oscilarían entre los 9 mil y 10 mil soles, lo que, a su juicio, generaría incertidumbre sobre la garantía del servicio para las familias.
Finalmente, anunció que esta semana realizará el seguimiento correspondiente a los documentos presentados y exhortó a la Municipalidad Provincial de San Román a liderar una fiscalización conjunta con las demás entidades competentes para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos establecidos para el funcionamiento de los cementerios privados en Juliaca.