Tras el asesinato de un interno ocurrido dentro del establecimiento penitenciario de Juliaca, el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ejecutó un operativo de requisa inopinada ante las evidentes fallas en el sistema de seguridad del recinto.
La intervención se llevó a cabo con la participación de cinco fiscales —dos de Derechos Humanos y tres de Prevención del Delito— junto a 30 efectivos policiales, quienes centraron sus acciones en los pabellones de máxima seguridad y régimen especial, donde permanecen internos considerados de alta peligrosidad.
Durante la inspección, las autoridades hallaron diversos objetos prohibidos, entre ellos artículos punzocortantes y cordones que podrían ser utilizados para ahorcamientos. Si bien no se encontraron armas de fuego, drogas ni equipos de comunicación, el material incautado fue destruido e incinerado de inmediato como medida preventiva.
El operativo se produce luego de que un interno fuera asesinado presuntamente con un arma de fuego dentro del penal, hecho que ha generado serias dudas sobre los mecanismos de control. En ese sentido, la Fiscal de prevención del delito Marife Añazco Yáñez anunció la apertura de una investigación por presunta omisión de funciones contra el personal del INPE encargado de la seguridad del establecimiento.
“Se ha exhortado al personal que está fallando en el tema de seguridad. Es responsabilidad del INPE y se realizará un control permanente, no solo a los internos, sino también a las pertenencias del propio personal”, señalaron representantes del Ministerio Público durante la diligencia.
Asimismo, las autoridades informaron que solicitarán reportes detallados sobre el traslado de internos de alta peligrosidad desde otros penales, como Challapalca, situación que podría estar contribuyendo al desorden y debilitamiento del control interno en el recinto carcelario de Juliaca.
En tanto, en los exteriores del penal, familiares de los reclusos expresaron su preocupación e incertidumbre ante la falta de garantías para la integridad de sus parientes. “Ya no es seguro que estén adentro”, manifestó la madre de uno de los internos, quien denunció una presunta mala administración y el riesgo latente de nuevos hechos violentos.
Las investigaciones a cargo de la Fiscalía Penal y la Fiscalía de Derechos Humanos continuarán en los próximos días, con el objetivo de determinar las responsabilidades administrativas y penales vinculadas tanto al homicidio como al ingreso de armamento prohibido al establecimiento penitenciario.