Una grave denuncia pública pone bajo la lupa el funcionamiento de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la Municipalidad Provincial de San Román. Jorge Quispe, vecino de la salida a Lampa, denunció que al menos 10 personas en situación de vulnerabilidad han sido retiradas del programa Pensión 65 tras una actualización de su clasificación socioeconómica que los calificó como «no pobres».
El denunciante calificó de inaudito que personas con evidentes necesidades económicas pierdan el beneficio, mientras que, en otros casos, ciudadanos con buenas posibilidades financieras logran obtener clasificaciones de «pobre» o «pobre extremo». Según Quispe, el personal de campo y de oficina de la ULE no brinda explicaciones técnicas sobre los motivos de estos cambios, dejando a los ancianos y personas vulnerables en la incertidumbre total.
«El problema es que no dan explicación del trato descortés que hay. Si ese abuelito tiene a su nombre un carro porque un hijo se lo puso, que le expliquen, pero no hay orientación», lamentó el ciudadano.
La denuncia apunta directamente contra la responsable de la oficina, identificada como la «señora Beatriz», y sus asistentes, a quienes se les acusa de brindar una atención prepotente, descortés y carente de empatía. Quispe aseguró que esta es una queja generalizada de la población que acude a realizar sus trámites del SISFOH.
Incluso se mencionó que, a diferencia de gestiones anteriores donde existía una atención más cordial, la actual administración se caracteriza por la poca información que se ofrece al usuario. «No sé qué corona tendrá la responsable que está ahí… la población es la que se perjudica», sentenció el denunciante.
A pesar de que las quejas han sido elevadas formalmente a la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Juliaca, hasta el momento no se han tomado acciones correctivas ni cambios de personal. El denunciante también señaló que la Defensoría del Pueblo ya tendría conocimiento de estos maltratos y de las irregularidades en el empadronamiento, pero la situación persiste.
Ante este escenario, los afectados exigen al municipio de Juliaca una reestructuración inmediata del personal de la ULE para garantizar un trato digno a los adultos mayores y una clasificación socioeconómica que refleje la realidad de las familias más necesitadas de la ciudad.
(E.C)