El coordinador del Módulo Defensoría del Pueblo de San Román, Nivardo Enríquez Barriales, informó que durante la próxima semana se podría definir oficialmente el hogar en el que residirán Joel y sus dos hermanas, menores de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad tras los lamentables hechos ocurridos en diciembre del año pasado.
Enríquez Barriales explicó que, desde que se registraron estos acontecimientos, la Defensoría del Pueblo ha venido realizando un seguimiento permanente y coordinaciones con las instituciones responsables, con el objetivo de asegurar la protección integral de los tres hermanos. En ese marco, la semana pasada personal de la Defensoría se trasladó hasta la ciudad de Puno para reunirse con representantes de la Unidad de Protección Especial (UPE) y verificar el estado de los trámites correspondientes.
Precisó que, si bien en diciembre la UPE inició el proceso de desprotección familiar de los menores, actualmente ya se encuentra en marcha el procedimiento de acogimiento familiar. Este proceso se vio inicialmente afectado por dificultades para ubicar a los familiares directos; sin embargo, se ha confirmado que la tía de los menores, identificada como Paula, junto a otros familiares, reside en la ciudad de Juliaca, donde los niños estarían viviendo actualmente.
Como parte de este procedimiento, profesionales de la UPE ya habrían realizado visitas domiciliarias para constatar las condiciones en las que se encuentran los menores y verificar quiénes están a cargo de su cuidado. Ante ello, la Defensoría del Pueblo recomendó formalmente a la UPE que, a la brevedad posible, emita la resolución de acogimiento familiar, a fin de que los niños queden legalmente protegidos y bajo la responsabilidad de un familiar.
Asimismo, Enríquez Barriales destacó la intervención del fiscal de familia, Richard, quien habría presentado una medida cautelar ante el Juzgado de Familia para la conformación de un consejo de familia. Esta acción permitiría, entre otros aspectos, garantizar que los apoyos y donaciones solidarias realizadas por la ciudadanía se manejen de manera transparente y en beneficio directo de los menores.
“Se está haciendo seguimiento en dos niveles: a nivel del Poder Judicial, a través del Juzgado de Familia, y a nivel administrativo con la UPE. Confiamos en que esta semana se emita el pronunciamiento correspondiente, considerando que ya se realizaron las visitas técnicas al domicilio donde viven los menores”, señaló el coordinador.
Finalmente, indicó que, una vez conformado el consejo de familia, una de las prioridades será tomar decisiones orientadas a asegurar un espacio adecuado para la construcción de una vivienda, lo que permitiría brindar a Joel y a sus hermanas un hogar fijo, seguro y estable. “Lo más importante es garantizar la protección legal y la estabilidad emocional de los menores, para que puedan desarrollarse en un entorno digno y seguro”, concluyó.