El fallo del Décimo Tercer Juzgado Permanente Contencioso Administrativo de Lima contenido en la resolución 017 emitida el 16 de diciembre, tiene un impacto significativo en el proceso de licenciamiento de la Universidad Andina «Néstor Cáceres Velásquez» (UANCV). Al declarar nulas las disposiciones emitidas por la SUNEDU —incluyendo la Resolución que deniega su licencia institucional— el juzgado ordena que el procedimiento se retrotraiga hasta marzo de 2019.
Además, exige a SUNEDU emitir un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta el recurso de reconsideración presentado por la universidad, particularmente sobre el desistimiento de filiales y programas y otros contenidos en la Resolución del Consejo Directivo N° 092-2020-SUNEDU-CD, la Resolución N° 034-2020-SUNEDU-CD que deniega la licencia institucional a la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” y el Informe Técnico de Licenciamiento N° 021-2020-SUNEDU-02-12, documentos que han sido declarados nulos.
«El fallo judicial, también declara infundado lo relativo al plan de adecuación y así mismo se declara infundado que se restituyen los derechos de brindar servicios educativos, por lo que la Universidad no podría ofertar un proceso de admisión, lo que seguramente motivará una apelación«, según opinó el abogado John Torres Roselló.
«El letrado señala que ello implica que la decisión judicial podría abrir una oportunidad para que la universidad obtenga nuevamente la licencia, lo cual permitiría a los estudiantes continuar sus estudios sin restricciones permitiendo que la SUNEDU se enfrentará al desafío de emitir un nuevo análisis y pronunciamiento, ajustándose a los parámetros legales y al fallo del juzgado, sin embargo, se aguarda que la SUNEDU, proceda a apelar la Resolución 17», según refirió Torres Roselló
«La SUNEDU, está en oposición flagrante de parte del juzgado y va a recurrir a todas las vías y salvo que exista un pronunciamiento favorable de parte de la SUNEDU, entonces la Universidad podría establecer argumentos, procedimientos legales, acciones de amparo o medidas cautelares para garantizar el derecho a la educación superior de sus estudiantes», expresó. (FB)