La delegación de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero de Juliaca continúa su recorrido hacia la ciudad de Lima con el firme objetivo de exigir justicia por las personas fallecidas durante las protestas sociales registradas en enero de 2023, en el contexto del gobierno de Dina Boluarte.
Como se recuerda, los familiares de las víctimas partieron el último viernes 23 de enero desde la ciudad de Juliaca, emprendiendo un largo y exigente trayecto marcado por el dolor de la pérdida, pero también por la esperanza de ser escuchados por las autoridades nacionales. Su principal demanda es la reactivación de los equipos especiales de investigación, en particular el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (EFICAVID), el cual —según indicaron— fue desactivado por el fiscal interino Tomás Gálvez.
Los integrantes de la asociación señalaron que dicho equipo era clave para el esclarecimiento de los hechos y el avance de las investigaciones, por lo que su desactivación ha significado un duro golpe para las familias que, hasta la fecha, continúan esperando respuestas claras y sanciones para los responsables.
Durante su trayecto, los familiares informaron que debieron pernoctar en el distrito de Cocachacra, en el valle del Tambo, debido a las extensas jornadas de viaje y a las limitaciones logísticas. Tras un breve descanso, retomaron su camino rumbo a la capital, reafirmando su compromiso de llegar hasta las últimas instancias para que sus voces no queden en el olvido.
“Seguimos adelante por nuestros hijos, hermanos y padres. No buscamos venganza, solo verdad y justicia”, manifestaron algunos de los familiares, quienes esperan que su llegada a Lima permita reabrir el diálogo y reactivar los mecanismos de investigación necesarios para esclarecer los hechos ocurridos el 9 de enero.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero de Juliaca, Raúl Samillan Sanga, denunció que efectivos de la Policía Nacional del Perú vienen realizando intervenciones constantes a la delegación que participa en la denominada “marcha de sacrificio”. Según indicó, estas acciones se habrían iniciado desde la ciudad de Arequipa y continuaron en Nazca, donde —afirmó— la comitiva fue detenida y sometida a controles policiales mientras avanzaba por la vía pública.
El dirigente sostuvo que estas intervenciones generan preocupación entre los familiares, quienes consideran que se estaría vulnerando su derecho constitucional a la protesta pacífica. Asimismo, denunciaron que durante estas acciones policiales se estarían tomando fotografías a los manifestantes, situación que ha generado incomodidad y temor entre los deudos.
Pese a estos inconvenientes, la delegación proveniente de la región Puno continúa su recorrido hacia Lima con la movilización denominada “Uyariy” —que en quechua significa “escúchanos”—, cuyo objetivo es visibilizar el clamor de las familias y mantener viva la memoria de las personas fallecidas durante las protestas sociales.
Como parte de esta movilización, este domingo 24 de enero los familiares sostuvieron una reunión en la ciudad de Chincha Alta, donde participaron en un encuentro nacional de deudos de la denominada Masacre 2022-2023, provenientes de diversas regiones del país. La jornada permitió el reencuentro de madres, padres y familiares que comparten una misma demanda: verdad, justicia y sanción para los responsables.
Los representantes de la asociación reiteraron que su lucha no es política, sino profundamente humana, y que continuarán su marcha hasta ser escuchados por las autoridades nacionales. Finalmente, hicieron un llamado al Estado para que se garantice su seguridad, se respete su derecho a la movilización pacífica y se avance con transparencia y celeridad en las investigaciones que, aseguran, siguen pendientes.